El sindicato recibe la cartelería desde Madrid y espera que haya seguimiento de la protesta nacional El sector en Justicia del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) prepara, ya con todo el material preciso, la concentración que tendrá lugar el próximo día 26 de abril en la sede del Registro Civil de nuestra ciudad, manifestación que se unirá a las que se sucederán en las distintas localidades que componen el amplio mapa geográfico del país, siempre que los funcionarios se adhieran a la protesta.
"Hemos recibido la cartelería y panfletos de los compañeros del Sector Federal de Justicia", confirman las fuentes de CCOO en Justicia consultadas, material que será útil con vistas al citado día. De tal modo, y referente al motivo de la protesta, CCOO señala que "se trata de ir contra la privatización del Registro Civil y en defensa de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia".
Asimismo, el sindicato, en su rama de Justicia, señala que "las gestiones y actos del Registro Civil, ahora gratuitas, tendrán que ser abonadas por los usuarios", para añadir que "la privacidad de los datos personales de los ciudadanos, ahora garantizada por funcionarios públicos, quedará en manos de los empleados privados de los Registros de la Propiedad".
CCOO reclama por tanto que "el Registro Civil siga siendo un servicio publico servido por personal de la Administración de Justicia", además de exigir al Ministerio "toda la verdad en relación con la resolución de los expedientes de nacionalidad por los registradores de la propiedad", dice.
Asimismo, CCOO explica que "la atribución del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles supondría la privatización de un servicio público esencial y hoy gratuito, pues aunque dichos registradores también se definan como funcionarios públicos, su régimen público y sus retribuciones (más de 10 veces superior a las de cualquier médico, juez, fiscal o abogado del Estado) difieren completamente de los del resto de personal de la función pública".
Para concluir, CCOO señala que "de seguir adelante este anteproyecto, el Registro Civil dejará de ser un servicio público y pasará a ser el negocio privado de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, que será sufragado por los aranceles que tendremos que pagar todos los ciudadanos por sus servicios", razón por la cual reclama la retirada del anteproyecto y que los registros civiles siga siendo un servicio público servido por personal de la Administración de Justicia.
