CCOO-Justicia carga contra el secretario de Gobierno y exige diálogo

CCOO-Justicia, sindicato mayoritario de la Junta de Personal de funcionarios de la Administración de Justicia en Ceuta, ha dejado clara su postura ante el dislate por el traslado y reubicación del personal en el tribunal de instancia.

“El comunicado emitido por el secretario de Gobierno de Ceuta, al que hemos tenido conocimiento sobre la ubicación de los Servicios Comunes de la Oficina Judicial del Tribunal de Instancia y el traslado físico de funcionarios y letrados a partir del 31 de diciembre de 2025, constituye una decisión unilateral, adoptada sin diálogo previo alguno con los trabajadores ni con sus representantes sindicales, y presentada como un hecho consumado, cerrado e inamovible desde el primer momento”, denuncian.

Una auténtica dictadura que no va a ser permitida y que ha provocado una revolución judicial hasta el punto de pedirse el cese del secretario de Gobierno.

“Entendemos que no corresponde a las competencias del secretario de Gobierno y segundo sin que se haya dado ninguna información ni participación ni a este sindicato, ni a los delegados de prevención, ni al Comité de Seguridad y Salud, hurtándose la información legalmente obligatoria sobre condiciones de trabajo en general, y de salud laboral en particular”.

“No se trata de una mera reorganización interna ni de un ajuste técnico inocuo. Estamos ante una medida que altera sustancialmente las condiciones de trabajo de funcionarios que prestan apoyo directo a órganos judiciales concretos, separándolos físicamente de los magistrados a los que asisten, incluso trasladándolos a edificios distintos, sin que se haya ofrecido una justificación funcional real, objetiva y razonada”, denuncia la sección sindical.

Una situación catastrófica

CCOO-Justicia destaca como resulta “especialmente significativo que el espacio que dejarían libre los funcionarios afectados por esta decisión no esté previsto que sea ocupado por ningún otro servicio ni responda a una necesidad organizativa concreta”.

“Es decir, se vacían dependencias plenamente operativas, que funcionan correctamente y que sostienen dinámicas de trabajo consolidadas, sin que exista un beneficio claro para el servicio público de la Justicia”, añade.

“Este dato revela que el criterio seguido no es funcional ni organizativo, sino puramente físico y formal, lo que convierte la medida en manifiestamente disfuncional”.

Unas decisiones problemáticas

Desde el punto de vista jurídico, CCOO-Justicia indica que conviene recordar que los Letrados de la Administración de Justicia, y por extensión los órganos de los que dependen, ostentan competencias de dirección y organización en el ámbito estrictamente técnico-procesal de la Oficina Judicial.

Sin embargo, esas competencias no son ilimitadas. “No alcanzan a decisiones que incidan directamente en la actividad jurisdiccional ni en la forma en que los jueces y magistrados reciben el apoyo necesario para el ejercicio de su función”.

“Separar físicamente a los funcionarios de apoyo directo del magistrado al que asisten, especialmente en jurisdicciones especializadas como Vigilancia Penitenciaria, Menores, VM, no es una cuestión menor ni neutra”.

“Dificulta la comunicación diaria, rompe equipos de trabajo cohesionados, ralentiza la tramitación y afecta de forma directa a la calidad y agilidad de las resoluciones judiciales”, añade la entidad sindical.

“Eso supone, en la práctica, una injerencia en el normal desarrollo de la actividad jurisdiccional, algo expresamente vedado por la normativa vigente”.

Decisiones unilaterales

A ello se añade un elemento especialmente grave: “Decisiones de este alcance, cuando afectan o pueden afectar al ejercicio de la función jurisdiccional, no pueden adoptarse de forma unilateral desde la estructura administrativa dependiente del poder ejecutivo”.

“Requieren necesariamente la intervención y aprobación de las autoridades judiciales con competencias gubernativas en su respectivo ámbito”.

“Prescindir de ese control no solo es un error organizativo, sino una extralimitación competencial que vicia la decisión adoptada”, añade.

Ausencia de negociación

Como representantes sindicales, “denunciamos también la ausencia absoluta de negociación, información previa y escucha activa”.

“No ha existido voluntad alguna de consenso ni de búsqueda de soluciones alternativas menos lesivas. Se ha optado, por el contrario, por imponer una decisión cerrada, sin atender a las advertencias técnicas, organizativas y jurídicas formuladas por quienes conocen de primera mano el funcionamiento real de los órganos judiciales de Ceuta”.

“Por todo ello, consideramos que el comunicado de la Secretaría de Gobierno no solo adolece de una falta evidente de motivación suficiente, sino que incurre en arbitrariedad, al priorizar una reorganización física sin utilidad demostrada sobre el correcto funcionamiento del servicio público de la Justicia y sobre los derechos profesionales de los trabajadores afectados”.

Desde CCOO-Justicia, exigen la paralización de estas medidas, la apertura inmediata de un verdadero proceso de diálogo y la reconsideración de cualquier decisión organizativa que, lejos de mejorar la Justicia en Ceuta, amenaza con deteriorarla desde el primer día de implantación del nuevo modelo.