La nueva organización pone al sindicato “en sobre aviso” porque puede causar una “destrucción” de puestos de trabajo Comisiones Obreras (CCOO) ha manifestado a través de un comunicado que “con el apoyo de todos, impedirá que las modificaciones organizativas puedan influir negativamente” en las condiciones de trabajo y en el empleo público de la plantilla de Justicia.
En el escrito, el sindicato explica que el año pasado, el CGPJ propuso al Ministerio de Justicia la supresión de un “elevadísimo” número de partidos judiciales reunificando los actualmente existentes. CCOO recuerda que en aquel momento esta central hizo pública su oposición a dicha propuesta por entender que la misma suponía “un alejamiento de la Administración de Justicia de los ciudadanos”. Esta oposición –continúa el sindicato– fue secundada a instancia de CCOO por “un sinfín” de municipios españoles y por varias asambleas de distintas Comunidades Autónomas.
CCOO considera que la nueva organización que ahora se propone por las “comisiones de expertos” ahondan en el problema que entonces denunció y pone al sindicato “en sobre aviso del evidente peligro que esta profunda transformación de la Administración de Justicia puede causar en forma de destrucción de puestos de trabajo, traslado multitudinario de personal afectado por la supresión de las sedes judiciales de los Juzgados de la Paz y de los Juzgados radicados fuera de las capitales de provincia y modificaciones también retributivas derivadas de la supresión o reducción de los Juzgados de Guardia tal y como ahora los conocemos”.
Ante este nuevo proyecto organizativo, sigue siendo para CCOO prioritario “que no suponga en ningún caso la eliminación de puestos de trabajo, a la vez que incidiremos en que no se produzcan traslados forzosos, especialmente con cambio de residencia y que ninguna retribución se vea mermada por la implantación del nuevo modelo”.
Para CCOO, las reformas que más afectan a los trabajadores son la desaparición de juzgados, la potenciación de la función pública de los procuradores para que realicen actos de comunicación y de ejecución bajo la dirección de los secretarios, la creación para la primera instancia en todos las órdenes jurisdiccionales de los Tribunales de Instancia de ámbito provincial, la situación en la que quedaría la organización judicial del Estado, y la atribución a la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Otros aspectos que afectarían las condiciones laborales serían la eliminación de agosto como mes inhábil para las actuaciones judiciales, y que los secretarios judiciales cambien de nombre y pasen a denominarse ‘letrados al servicio de la Administración de Justicia’. El sindicato añade que, “como dato curioso, permanecen el Registro Central y los Registros Civiles Exclusivos como centros de destino de los funcionarios de Justicia”.
