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CCOO exige a la Ciudad que vuelva a pagar el Plan de Pensiones

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Ciudad Autónoma de Ceuta ha vuelto a pedir formalmente al nuevo director general de Recursos Humanos y de la Administración, Emilio Carreira, que restablezca el pago de las aportaciones al Plan de Pensiones de los empleados públicos que se mantienen paralizadas “sin ningún informe jurídico que acredite la existencia de obstáculos legales que lo impidan”.

“Se trata de un problema de voluntad política, no legal, porque no hay ningún impedimento jurídico y hay que pagar tanto las cantidades de este ejercicio a final de año como las de los dos últimos años”, argumenta José Antonio López.

José Antonio López, CCOO Ciudad: "Se trata de un problema de voluntad política, no hay impedimento jurídico"

CCOO ha reclamado que se aporten tanto los 245.000 euros consignados con ese fin en el Presupuesto de la Ciudad de 2023 como las cantidades no desembolsadas tampoco el año pasado.

El Gobierno de Rajoy suspendió entre 2012 y 2017 las aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores de las administraciones y empresas públicas. En 2018 se acordó que se podían recuperar con algunas limitaciones y consideradas como parte de la masa salarial.

Parte de la masa salarial

La central logró que tanto en 2019 como en 2020 la Ciudad no sólo abonase la cantidad que se consolidó como fijo anual en 2004 (208.000 euros que se han ido actualizando), sino también fondos adicionales directamente ligados a un porcentaje del total de la masa salarial.

En 2021 el Gobierno de la Ciudad bloqueó el pago apelando a una sentencia sobre el País Vasco que a juicio de Comisiones Obreras “no tiene nada que ver” con la Ciudad, ya que esta ya tenía presupuestados esos pagos y ya formaban parte de la masa salarial de la administración local.

El Ejecutivo de Vivas se comprometió formalmente en marzo a mantener la partida presupuestaria del Plan de Pensiones de la Ciudad y a dirimir su aplicación en el seno de la comisión técnica constituida también para explorar posibles alternativas a los premios de jubilación declarados ilegales por el Supremo.

Las aportaciones de la Ciudad al Plan de Pensiones de sus empleados comenzaron en 1999 e incluyen un fijo de algo más de 200.000 euros, los gastos financieros y, algunos años, un porcentaje adicional del total de la masa salarial.

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