“Prácticamente todo el tráfico de mercancías es rodada y no requiere de la presencia de estibadores”. En Ceuta sólo hay dos trabajadores de la Sociedad Estatal de la Estiba y hay poca intervención de empresas privadas en el trasiego de mercancías.
Lo que sí tendría la huelga de la estiba sería “una incidencia social porque evidentemente si se paraliza el tráfico de contenedores en el puerto de Algeciras nos veríamos afectados”. En cualquier caso el parón no afectaría a “los productos de primera necesidad ya que tenemos la condición de puerto de interés general”.
El diputado del PSOE y presidente de la comisión de Fomento, Salvador De la Encina mostró su “preocupación” por una huelga de la Sociedad Estatal que paralizaría buena parte de los puertos. “La actual situación económica no es la mejor para que nos enfrentemos a un movimiento de este tipo. Estamos abiertos a encontrar puntos de encuentro con los sindicatos”.
De hecho el miércoles se produjo un encuentro entre los representantes sindicales, De la Encina y Rafael Simancas, que lidera junto al diputado por Cádiz el proceso de reforma de la Ley de Puertos, en el que se produjo la desactivación de movilizaciones convocadas bajo la garantía de que no se iba a realizar la convocatoria a los grupos parlamentarios para la revisión de las 400 enmiendas presentadas a la reforma. Las organizaciones sindicales habían acordado huelgas en los puertos, en una primera convocatoria entre el 22 y el 25 de marzo; una segunda convocatoria entre el 29 de marzo y el 1 de abril y, a partir del 5 de abril, con carácter indefinido.
La reforma del Título III de la actual Ley 48 de 2003 recoge una “pequeña liberalización” del sector de la estiba introducido bajo una resolución del Tribunal de la Competencia. También se establecen una serie de modificaciones en algunos del Régimen Especial del Mar y se exigen una serie de títulos de nueva creación para los estibadores de carácter medio y superior de Formación Profesional. Las movilizaciones han sido convocadas, según los sindicatos, ante el temor de que la modificación de la ley afectara negativamente a la estabilidad en el empleo.
