Comisiones Obreras (CCOO), junto con el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), asociaciones todas ellas con representación en Ceuta, ha trasladado en una carta dirigida a la ministra de Hacienda y Función Pública y al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las propuestas de mejora de la asistencia sanitaria prestada por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUJEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
"Tras la firma del último concierto sanitario de MUFACE, MUGEJU e ISFAS venimos denunciando que los servicios que ofrecen a través de las compañías asistenciales con las que tienen suscrito concierto no cumplen con los parámetros de calidad establecidos, como tampoco lo hacen con las prestaciones que están obligadas a ofertar conforme a lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los Conciertos sanitarios", denuncia el sindicato en una nota de prensa.
En este sentido, enumeran que "son destacables" los recortes en los cuadros médicos, la escasez de centros asistenciales, la eliminación de clínicas y especialidades médicas como las de oncología y radioterapia, el cobro de algunas pruebas médicas a mutualistas, el retraso en el abono de la prestación por incapacidad temporal cuando el personal funcionario se encuentra en situación de baja, el gasto que se produce por el copago farmacéutico para paliar la diferencia en el gasto farmacéutico entre mutualistas y personas adscritas al Régimen General de la Seguridad Social, y el recorte de las ayudas sociales en estos últimos años, por lo que es urgente su revisión y actualización.
"Desde CCOO creemos que el presupuesto con el que se dota a estos organismos es insuficiente para garantizar algo tan importante como es la salud de las personas", afirman en su comunicado, "por ello hemos solicitado reuniones a los grupos parlamentarios para exigir que analicen y evalúen adecuadamente los gastos de la asistencia sanitaria, para que podamos recuperar la totalidad de las prestaciones suprimidas o recortadas desde el año 2012, en especial las ayudas sociosanitarias".
Además, en la parte final de su nota, también exigen que el pago de los medicamentos por parte de las personas mutualistas jubiladas sea el mismo que el de las personas beneficiarias del Régimen General de la Seguridad Social, con una dotación presupuestaria que incremente los presupuestos generales para 2023, adaptándose a la situación actual en nuestro país tras el incremento de la inflación, acelerado durante los últimos meses.
