CCOO de Ceuta ha presentado una petición ante la Inspección de Trabajo para que ese organismo ponga en marcha una campaña que erradique el fraude en la contratación a tiempo parcial.
El sindicato dice haber detectado que esa práctica se ha generalizado en la ciudad mediante la formalización de contratos a tiempo parcial en los que figura una jornada teórica, inferior a la máxima legalmente establecida de 40 horas semanales, cuando en realidad las personas contratadas bajo esta modalidad realizan una jornada “no ya superior a la pactada, sino incluso por encima de la máxima de 40 horas”. Esa forma de burlar la legalidad, que el sindicato consdiera “corrupta”, supone que la cotización que deberían realizar los empresarios por los trabajadores de su plantilla se vea reducida, con el consiguiente quebranto para las arcas de la Seguridad Social y el ahorro en costes de personal para el empresario. “Los trabajadores y trabajadoras contratados bajo esta modalidad también se ven perjudicados en sus intereses legítimos, ya que el periodo de carencia exigido para tener derecho a prestaciones de la Seguridad Social se ve incrementado en proporción a la reducción de jornada que se les aplica”, alerta. Por otro lado, insiste, “en muchos casos los salarios que perciben los trabajadores son los que corresponden a la jornada reducida y no a la que realmente realizan. La aceptación por parte de los trabajadores de esas condiciones que CCOO considera “leoninas” es, a su juicio, la consecuencia de “una crisis económica que provoca dumping social y obliga a las personas a soportar condiciones que en otro contexto económico y social serían inaceptables. “Para combatir esta situación de abuso intolerable, CCOO ha solicitado que se lleven a cabo actuaciones para comprobar la correlación entre la jornada efectivamente realizada y la pactada en contrato de trabajo”, advierte el sindicato, para quien la proliferación de este tipo de incumplimientos de la legislación laboral “obedece a la sensación de impunidad con que actúan los empresarios ante la falta de control de la contratación por parte de la Inspección de Trabajo, único organismo competente en esta materia”. Esta misma semana, CCOO ha solicitado al delegado del Gobierno la dotación de medios materiales y humanos suficientes para la Inspección de Trabajo y una mayor implicación del personal. de este organismo en lucha contra el fraude laboral, que en nuestra ciudad es escandaloso y generalizado.
La Administración asegura que ya lo persigue...
El Ministerio de Trabajo asegura que desde finales de 2013 lucha contra el fraude encubierto en las contrataciones parciales. Lo hace mediante un decreto que entró en vigor en diciembre de ese año que obliga a que la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registre día a día y se totalice mensualmente. Se debe, además, entregar copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias. El empresario deberá conservar, según el texto del decreto, los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo de cuatro años. En caso de incumplimiento de estas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios. Esa es la teoría, porque en la práctica se incumple y se burla la vigilancia de la Administración con todo tipo de trucos para que en el contrato figure un número de horas y luego se desempeñen muchas más, bien sea con acuerdo con el trabajador para cobrar esa diferencia en negro o bien mediante explotación laboral.
El sindicato reclama que se apliquen las mejoras a los funcionarios
La FSC-CCOO de Ceuta ha solicitado al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, un proceso de negociación con el fin de trasladar a los empleados del sector público de nuestra ciudad los acuerdos o pactos que se alcancen en la Mesa General de la Función Pública, entre ellos la subida salarial y la recuperación paulatina de la paga extra eliminada en su día. CCOO sigue reivindicando la recuperación de todos los derechos perdidos: 5 por ciento de la reducción salarial de 2010, paga extraordinaria sustraída en diciembre de 2012, permisos, acción social, oferta de empleo... El Gobierno central ya ha anunciado la recuperación de la parte no abonada de la paga extra, que se devolvería en dos plazos a los empleados de la Administración General del Estado. Para el resto de los empleados públicos de las corporaciones locales o comunidades autónomas, se deja a decisión de Administración local. El portavoz del Consejo de Gobierno, Jacob Hachuel, ya aseguró ayer que el Ejecutivo autonómico hará lo posible para cumplir ese compromiso. CCOO quiere ir más allá y pedirá al presidente Vivas un calendario de reuniones para aplicar a los trabajadores de la Administración Local en nuestra ciudad, “también damnificados en su día”, los acuerdos que pudieran alcanzarse para el personal del sector público estatal.
