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Tanto en el ámbito civil como en el militar
La inhibición de las administraciones públicas en el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los contratistas permite la existencia de situaciones de explotación de los trabajadores y trabajadoras que realizan estos servicios, sirviendo de pantalla para satisfacer la avidez de beneficios de empresarios sin escrúpulos.
Esta situación se agrava aún más cuando los servicios se prestan en el interior de establecimientos militares, en los que la Inspección de Trabajo tiene limitada su capacidad de actuación, debiendo preavisar sus visitas y acordar con el jefe del establecimiento militar las medidas que se estimen oportunas para que las actuaciones inspectoras puedan llevarse a cabo.
La empresa adjudicataria de los servicios de cocina y comedor de los acuartelamientos ha llevado a cabo en los últimos años un ajuste de plantilla que hace que los trabajadores que permanecen en la misma tengan que soportar una carga de trabajo muy superior a la inicialmente prevista y unas condiciones laborales cada vez más degradas, con trabajadores y trabajadoras que realizan funciones tanto de cocina como de comedor, sin respeto a las categorías profesionales o grupos de clasificación establecidos en el convenio de aplicación, e incluso con retrasos en el pago de los salarios.
Pero, lo que es aún más grave es el incumplimiento de medidas de seguridad en las instalaciones, que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores, sin que se adopten medidas para la conservación y reparación de dichas instalaciones por falta de inversión debido a los recortes presupuestarios.
Exponen como ejemplo algunas de las cocinas de los cuarteles " en las que se han producido escapes de gas cuya solución ha sido cancelar las secciones en las que tales escapes han sido detectados, limitando el número y tipo de fogones que pueden entrar en servicio. Todo ello redunda en un peor servicio, tanto de cocina como de comedor, para el personal militar que requiere estas prestaciones. Máxime cuando por interés de la empresa adjudicataria se ha reducido el número de cocinas en servicio, quedando solo las de la Cuarta Bandera, en Recarga, y la de Regulares, en el acuartelamiento de González Tablas. Es fácil imaginar en qué condiciones llegan las comidas preparadas en el acuartelamiento de Recarga a la fortaleza militar de El Hacho, transportadas en vehículos y con medios no expresamente adaptados para este fin"
Desde el sindicato, exigen que, "los responsables de las distintas administraciones públicas, tanto de carácter civil como militar, velen por el estricto cumplimiento de lo estipulado en los contratos para la prestación de los servicios públicos externalizados, a fin de garantizar los derechos laborales del personal que presta dichos servicios, así como la seguridad y la salud de los mismos".
