CCOO y CSIF de Ceuta han recibido respuesta sobre la vacunación de la cúpula de Ingesa en la que se viene a confirmar que el equipo directivo se ha vacunado frente al covid, con Jesús Lopera a la cabeza. Los sindicatos denuncian que tanto el director territorial como su equipo directivo “se han administrado la vacuna sin antes haber completado la vacunación de todo el personal sanitario y en el ámbito de primera línea”, denuncian en un comunicado.
Así también exponen que el director territorial, “usando espuriamente la ley de protección de datos”, está jugando “al gato y al ratón con una información tan sensible como son los datos concretos de vacunación. Con el único motivo de su protección personal ha tumbado la transparencia que debía incardinar el proceso de principio a fin”.
Critican además que se ha incumplido sistemáticamente tanto el deber de adecuada notificación, como de publicación de la información concreta del Plan de Vacunación del Ingesa en Ceuta y que el director territorial “ha ordenado o permitido un sistema de llamamientos carente de controles que garanticen la correcta implementación del plan de vacunación y faciliten su fiscalización”.
“Cada vacuna administrada inadecuadamente a cargo directivo o afín ha sido detraída del trabajador al que le correspondía, poniéndolo en riesgo innecesario frente al covid todo el tiempo transcurrido hasta su vacunación efectiva (en algunos casos todavía no llevada a cabo)”, añaden ambos sindicatos.
Tanto CCOO como CSIF lamentan “el daño al prestigio de nuestra institución y la alarma social generada” que “ha llevado a un debate político que ha concluido en una denuncia y la apertura de diligencias por parte de la fiscalía. La indignación entre los trabajadores (muy especialmente entre los aún no vacunados) es palpable como en pocas ocasiones estas organizaciones sindicales han visto”.
Para los dos sindicatos todo esto lleva a que el director territorial haya quedado “moralmente inhabilitado” por lo que “no puede continuar en cargos de responsabilidad quien ha demostrado guiarse por intereses personales y ha optado por sacrificar la transparencia del proceso para intentar acallar el escándalo público”.
“Ni el Ingesa ni sus trabajadores merecen estar a las órdenes de quien ha mostrado tan bajo nivel ético. Nuestra sociedad (y los cánones establecidos por el partido en el gobierno) demanda a los cargos con responsabilidad un mínimo de ejemplaridad. Lo decente, a nuestro entender, hubiese sido la dimisión por parte del propio director territorial (como han hecho no pocos responsables inmersos en idéntica situación). Al no producirse dicha dimisión no nos queda otra que exigir su cese a la mayor brevedad posible”, insisten.
“Puede demostrar que su nivel de exigencia ético y estético están a la altura de la situación que vivimos o esperar a que la justicia se pronuncie (o el tema se apague) con el consiguiente daño a la institución y frustración de sus profesionales. Confiamos que opte por lo primero”.
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