CCOO reprochó ayer a la Delegación del Gobierno que, tras su denuncia pública de noviembre, “solo ha hecho cumplir parcialmente su resolución del año 2009, por la que se obligaba” a la empresa petrolífera Ducar a implantar un dispositivo de seguridad privada, mediante vigilante con arma de fuego en sus instalaciones, consideradas como infraestructuras “críticas” de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Privada.
Este sindicato criticó que la única intención de la autoridad gubernativa es “proteger los intereses de una empresa vinculada a altos cargos del Partido Popular”.
CCOO se congratuló de que esta empresa ponga en marcha este dispositivo de seguridad en una de sus instalaciones, en la barriada de San Amaro, “pero no así en el centro de trabajo que posee en el muelle de Poniente”.
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