El presidente del Cabildo de Fuerteventura ha criticado que los Presupuestos Generales del Estado contemplen una partida de 8 millones de euros destinados a compensar los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras instaladas para abastecimiento de agua, así como otras actuaciones para la mejora de la gestión del agua “sólo para Ceuta y Melilla”. El presidente majorero denuncia que “para Fuerteventura, y en general para toda Canarias, la cantidad asignada de forma directa es cero euros, y se nos remite a que solicitemos una subvención que para todas las entidades públicas del Archipiélago puede llegar a un tope de 1,9 millones y otro 1,9 para las privadas, como si en vez de un derecho, la desalación de agua fuera un regalo que nos dan por subvención”.
“Más que un maltrato, esta forma de proceder de los responsables del Gobierno estatal es ya un auténtico pisoteo hacia las necesidades básicas de Canarias”, señaló el presidente del Cabildo de Fuerteventura y del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura.
Cabrera recordó que los servicios públicos de desalación de agua en Ceuta producen unos 39.000 metros cúbicos diarios para sus 82.000 habitantes, mientras que en Melilla la producción ronda los 31.000 metros cúbicos diarios para sus 80.000 habitantes.
En Canarias, subrayó, más de un millón de personas depende de la desalación de agua y de una producción superior a los 607.374 metros cúbicos diarios. El presidente majorero lamentó además que la cuantía de ayudas a la desalación de agua “ha ido reduciéndose en los últimos años en Canarias, pero no en Ceuta y Melilla”, lo que considera un agravio comparativo.
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Por su parte, el PSOE adelantó ayer algunas de la enmiendas a los presupuestos que llevará a Congreso. El portavoz de Transportes del PSOE en el Parlamento canario, Julio Cruz, y la diputada del PSOE por la provincia tinerfeña, Patricia Hernández, reclaman que compense a Canarias el importe correspondiente a la devolución por la supresión del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE) con la condición de que se dediquen estas partidas a políticas activas de empleo. Los socialistas también piden la restitución del Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC) con las mismas partidas consignadas en 2011.
