A estas alturas, deberíamos reconocer de una vez que la Generalidad de Cataluña está en franca rebelión contra el Estado. Desacatan las decisiones del Tribunal Constitucional y de los demás tribunales: rechazan las órdenes de los fiscales; desprecian al Gobierno de España; al que solo invocan para denigrarlo, alientan a sus hordas para que presionen e impongan su voluntad en las calles; a veces usando la violencia -delito de sedición- y persisten en la idea de celebrar, como sea, un referéndum ilegal…
Mientras más sancionados e investigados de su cuerda vaya habiendo, y mientras sepan en conciencia que muchas de sus decisiones son penalmente punibles hasta con duras condenas a prisión, más presionarán para escapar de la justicia española. Se están jugando ya su propia libertad y su patrimonio personal.
Si el día uno de octubre consiguen poner algunas urnas y logran un puñado de votos a favor de la secesión, es muy posible que veamos cómo Puigdemont sale al balcón, al igual que Macià, para proclamar la República catalana y en este caso sin ni siquiera añadir aquello tan ilusorio de “dentro de la República federal ibérica”.
Mientras tanto, Pedro Sánchez jugando a lo suyo y diciendo que va a obligar a Rajoy a negociar con Puigdemont. ¿No se ha enterado todavía de que Rajoy lo ha intentado una y otra vez, y que ha tropezado siempre con la postura del Presidente de la Generalidad, que imponía, como condición “sine qua non”, la celebración del referéndum, sí o sí, como dicen ahora, y que lo único que deseaba negociar eran las condiciones para que fuese legal? ¿Ignora que un Presidente del Gobierno de España no puede negociar la posible ruptura del principio básico de la Constitución relativo a la unidad e indivisibilidad de la Patria común de todos los españoles, nuestra España? ¿Qué quiere, dividirla en trocitos y después coserla, algo que, como está visto y comprobado, no aceptan los independentistas catalanes, cuyos cabecillas están ansiosos –ahora más que nunca- de romper de una vez y para siempre con España, huyendo así de la acción de la justicia? Resulta muy bonito y muy democrático eso de hablar de negociación y de diálogo, pero éste, precisamente éste, es un problema que jamás podrá resolverse negociando, so pena de incurrir en un terrible delito de lesa patria.
Por su parte, Pablo Iglesias con su “que si que si no”, defendiendo la autodeterminación, eso sí, legal, de Cataluña -y de todos los pueblos de España- y arrimando el ascua a su sardina, en la búsqueda de una oportunidad de cambiar la actual Constitución por otra de carácter sectario.
La soberanía nacional reside en todo el pueblo español, un principio básico constitucional que nunca podrá ser vulnerado, salvo, claro está, que se quiera modificar o derogar nuestra Carta Magna para sustituirla por otra que ignore aquella ejemplar conjunción de voluntades, aquel histórico consenso que fue capaz de marginar enfrentamientos y redactar la Constitución que, en 1978, votamos muy mayoritariamente todos los españoles que entonces, mucho más cerca de la guerra civil que ahora, éramos mayores de edad.
Una Constitución cuyo artículo 155, aunque no se desee, quizás no haya más remedio que acabar aplicando para hacer frente a la franca rebelión desatada en Cataluña. Esperemos que renazca el perdido “seny” y que, así, no haya lugar a ello.
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