El catálogo de crímenes de lesa humanidad que abaten a Ucrania

Comentaba el jurista, político, filósofo, escritor y orador romano Tulio Cicerón, que las leyes son taciturnas y, digamos que reservadas en períodos de guerra. Ni tan siquiera sumidos en pleno conflicto vale todo, existen límites y reglas de juego, pero otra cuestión es que se moldeen debidamente. En la invasión de Ucrania los cosidos del Derecho Internacional se abren: una cosa es sobre el papel, pero en el terreno, se quebranta de manera taxativa como censuran diversas administraciones, organismos internacionales y medios de comunicación independientes.

A corto plazo no se vislumbra alto el fuego, los empeños convergen en probar los cientos de crímenes realizados y armar las acusaciones que lleven al banquillo a quienes los han inspirado, organizado y consumado.

Y, es que, las artimañas de la guerra son un cúmulo de máximas que determinan lo que se puede o no hacer en el desarrollo de un conflicto abierto de estas dimensiones. Su propósito principal es reducir la ferocidad, salvar vidas y comprimir el sufrimiento. Si bien, la conflagración sigue ahí en todo su esplendor empecinado, no tiene porqué encresparse con los inocentes.

"Los cuerpos de decenas de civiles maltratados en las vías públicas, muchos de ellos inmovilizados por la espalda con cuerdas atadas y la averiguación de fosas comunes, apuran la aceptación de quienes con sus peros o sencillamente con sus reticencias, no reprueban la agresión rusa al pueblo ucraniano"

Hay convenios y protocolos que únicamente relacionan a quienes los rubrican, y el régimen ruso no está por la labor de implicarse con valores explícitos, pero hay otros que sí pueden salpicar a su Presidente. En esta tesitura, el derecho de la guerra se halla fundamentalmente comprendido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en los que son parte poco más o menos, todos los Estados.

Dichos Convenios alumbrados tras la ‘Segunda Guerra Mundial’ (1939-1945) se pulieron con otros dos Tratados: los Protocolos adicionales de 1977 concernientes a la protección de las víctimas de los conflictos armados.

Asimismo, se constatan otros pasajes que impiden el empleo de algunas armas y tácticas militares o que preservan a ciertas clases de personas o bienes pertenecientes a menores, cultura, armas bacteriológicas o químicas o minas antipersona. Sin duda, este es el marco general.

Tal y como muestra el Comité Internacional de la Cruz Roja, abreviado CICR, estas prescripciones envuelven a dos contornos cardinales: la salvaguardia de los individuos que no concurren o que no intervienen en las hostilidades y una sucesión de prohibiciones de los procedimientos de guerra, principalmente, las armas y las metodologías implementadas.

Adelantándome a lo que posteriormente fundamentaré, lo que en este momento sucede en puntos neurálgicos de Ucrania, es un hábito diabólico contemplado en las fuerzas rusas desplegadas en Chechenia entre los años 1999 y 2000, distinguida como ‘zachistki’ o ‘limpieza’. En otras palabras, asesinar a todo varón en edad de aferrarse a un arma, aunque no dependa de ninguna milicia. O séase, a casi todos los presentes.

De este modo mortífero y devastador, las tropas de la ‘Z’ han matado a sujetos, animales de granja y perro o gato que han localizado como si aquello fuese comparable con un siniestro tiro al blanco. Las ilustraciones de agricultores y pastores alemanes acribillados hablan por sí mismas. En definitiva, es el suelo abrasado ruso en la denominada ‘carretera de la muerte’, como la nominan los ucranianos, porque si no pueden hacerse con una zona específica, parece estar prediseñado para el acoso y derribo. Pero, para una mejor aclaración de conceptos como ‘crimen de guerra’, ‘crímenes de lesa humanidad’ y ‘genocidio’ que, a su vez, saldrán a la luz en esta disertación, seguidamente se puntualiza brevemente su significación.

Primero, el ‘crimen de guerra’ es un incumplimiento de las protecciones señaladas por el Derecho Internacional Humanitario para amparar a los más desguarnecidos de un conflicto armado: llámense, asesinatos, malos tratos o la deportación de la urbe civil de los territorios conquistados, asesinatos o maltratos de los prisioneros de guerra, la toma y la posterior ejecución de rehenes, el desvalijamiento de bienes públicos y privados, la devastación sin motivo de ciudades y pueblos y la destrucción que no se alegue por la necesidad militar, se observan como ‘crímenes de guerra’.

Segundo, los ‘crímenes de lesa humanidad’ se estiman como las violaciones incurridas como parte de una acometida a gran escala, extensivo o sistemático contra cualquier población civil. Las fórmulas recapituladas en los Estatutos del Tribunal Penal Internacional engloban, entre otros, infracciones como asesinatos, violación, encarcelamiento, desapariciones forzadas, esclavitud de mujeres y niños, sometimiento sexual, tortura, segregación racial y destierro.

Así como los ‘crímenes de guerra’ se efectúan en la trama de un conflicto, valga la redundancia, los ‘crímenes de lesa humanidad’ se enmarcan en escenarios de paz, sin la demanda de un conflicto bélico.

Y, tercero, el ‘genocidio’ dispone un prototipo definido de episodios criminales cometidos con la intencionalidad de desmantelar, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El ‘crimen de lesa humanidad’ no requiere de esa intencionalidad, sino ser cometido complementando una política precisa de un estado u organización, mientras que el ‘genocidio’ no.

El exterminio nazi a los judíos y la matanza de musulmanes bosnios a manos de Serbia son indicativos irrefutables de ‘genocidio’.

Con lo cual, la transgresión de estos convenios que están circunscritos en la Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma, son buscados, inspeccionados y juzgados por la Corte Penal Internacional de la Haya.

Así, pues, la prescripción de estos principios es relativamente sencillo, porque en la realidad de cualquier época, eventualidad y esfera no se puede atentar contra la vida de inocentes, como tampoco tomar rehenes, estando excluidos los tratos humillantes y degradantes, los procesamientos y condenas sin un juicio equitativo, debiendo de atender y ayudar a los enfermos, instituir y respetar las zonas de seguridad para los heridos, enfermos, ancianos, mujeres y niños, embarazadas, discapacitados y proporcionar sus evacuaciones.

Como de ningún modo, destinarlos como escudos humanos y jamás sitiar corredores, hospitales, dispensarios o asistencias en ambulancias ni a su dotación, ni estructuras civiles como colegios. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en Ucrania.

Como reconoce Amnistía Internacional, no más lejos de las agresiones premeditadas, se interpela a las partes en disputa que tomen las cautelas posibles para prescindir de los daños a la población, y a los bienes de carácter civil en sus diatribas, o que se esquiven los combates en enclaves saturados por personas.

Hasta este preciso instante las críticas sobre las desdichas en la guerra esconden una doble raíz: primero, las que confirman el acorralamiento voluntario y planeado, no casual de objetivos civiles y, segundo, las que amplifican el manejo de munición ilícita. En esta última cuestión, se rotula el uso infundado de bombas de racimo, pero Moscú no es parte firmante de la Convención que desaprobó su utilización. Justamente, por eso no está exigida a acatar lo que hasta ahora no ha respaldado.

No obstante, sí que Vladímir Putin (1952-69 años) está obligado a respetar el resto de las leyes que inhiben los ataques indiscriminados, y es en este matiz en el que se rema en la misma dirección para conseguir certezas. A todo lo cual, lo que hace la Federación de Rusia en Ucrania, la amplia mayoría del mundo se ha aliado para que no se pongan en práctica determinadas armas que desintegran de modo infausto, con la única aspiración de desgastar.

Las ‘bombas de racimo’, incluyen un mecanismo que al abrirse libera una cantidad importante de las mismas bombas. Estas submuniciones ocasionan diversas calamidades, como agujerear vehículos blindados con su carga explosiva, matar o herir a numerosas individuos con sus fragmentos de metralla o causar incendios.

Igualmente, se ha extraído la inercia de las calificadas como ‘bombas tontas’, no dirigidas y que no poseen un blanco consolidado, por tanto, más violentas y sangrientas, con efectos desencadenantes en áreas extensas.

Sea cual fuere el armamento acomodado por las tropas rusas, no se puede arremeter contra una maternidad como la de Mariúpol.

Directamente la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha validado al menos, cuarenta y tres bombardeos de infraestructuras médicas en lo que llevamos de conflagración, como tampoco ha de bombardearse un bloque de residentes en Volnovaja, ciudad del Óblast de Donetsk. O colegios como los de Járkov, o embestir Izium, prendiendo fuego a todo y sin abrirse corredores humanitarios.

Y para poner la guinda a cada uno de estos despropósitos, abordar en Chernígov a un grupo de personas haciendo cola para obtener pan.

Luego, Rusia se ha ceñido en mirar a otro lado en razón a los reproches del gobierno ucraniano sobre estos ataques, pese a la demostración de las imágenes de satélite o la narración puntual de los corresponsales asistentes en el momento de los acontecimientos, o alegar que en estos inmuebles se emboscaban milicianos y soldados.

En los hechos mencionados precedentemente, las ONG mantienen que “no había bases ni objetivos de carácter militar” en las inmediaciones de las jurisdicciones civiles sitiadas. En paralelo, no ha formalizado denuncia alguna, pero en sus maniobras confabuladas, como comunicados y apariciones, sus cabecillas culpan a Kiev de crímenes de guerra perpetrados por los neonazis de sus representantes.

En la misma línea, son repetidas las censuras de ataques indiscriminados en el sector del Donbás, parte de cuya superficie está a merced de independentistas prorrusos que, precisamente, entorpecen el trabajo de la prensa y las ONG a la hora de obtener las pesquisas exactas de lo que está aconteciendo.

Lo reincidente es responsabilizar a los nacionalistas ucranianos de asaltar infraestructuras civiles en Donetsk y Lugansk, como casas y refugios. Como también, el Kremlin asegura que son las guerrillas quienes imposibilitan los rescates en ciudades como Mariúpol o diseminando el pánico en Kiev, donde las facciones rusas no pueden auxiliar a la población. Refiriendo espantosas barbaries de facciones enardecidas por la desmoralización de notar que no tienen el refuerzo de las milicias de Ucrania. Obviamente, no se han facilitado evidencias de ello, ni emplazamientos geográficos demostrables.

Llegados a este punto, no se debe… pero se actúa desproporcionadamente, por más que esas intenciones sean ilícitas. Continúa ocurriendo día tras día y existen antecedentes de cercos semejantes en los que el propio Putin lo contradice.

Recuérdense al respecto, monstruosidades similares como las derivadas en Alepo, la ciudad más poblada de Siria y capital de la provincia homónima y Grozni, capital de la República de Chechenia y sujeto federal de Rusia, que en estos días rondan en las mentes de todos por lo que sobreviene en Bucha.

Realmente es complejo lograr justicia ante cada uno de estos crímenes, pero hay varias sendas para tantearlo. La primera hace alusión a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en La Haya y se dedica a poner en claro las denuncias.

De ahí, que sea la vía seleccionada por Ucrania para inculpar a Rusia, amparándose en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, un documento refrendado por Kiev y Moscú en 1948.

A resultas de todo ello, el 14/III/2022, la CIJ se declaró competente para calificar los sucesos presentados por Ucrania, porque deduce la aplicación de la fuerza por parte de Rusia, al proponer materias graves de Derecho Internacional que han de examinarse. La Corte mandó a Moscú que detuviese de inmediato su operación militar. Como es sabido, hubo trece votos a favor y dos en contra.

Pronto y por unanimidad, los quince jueces requirieron a las dos partes que se abstuviesen de cualquier operación que empeorara o aumentase el conflicto. Toda vez, que se consigna una conclusión común: el Presidente ruso expuso que emprendía su ofensiva porque el Gobierno ucraniano estaba incurriendo en un genocidio en Donetsk y Lugansk, pero los analistas no ven justificaciones de ello. Al pie de la letra interpreta, que “no está en posesión de pruebas que justifiquen la alegación de la Federación de Rusia de que se ha cometido un genocidio en territorio ucraniano”.

La dificultad de este procedimiento que ha sido resuelto en contraste con otras guerras, es que induce a muchísimos años para su resolución.

Conjuntamente, el CIJ no tiene capacidad para hacer cumplir las sentencias que formula, eso estriba en el carácter de los estados. Rusia podría acudir al Consejo de Seguridad y al derecho de veto que mantiene, como miembro permanente que es y paralizar cualquier decisión en su contra. Eso descarta la plasmación de un Tribunal especial sobre Ucrania, como se ha dispuesto en otros conflictos como los de la Antigua Yugoslavia (1993) o Ruanda (1994), respectivamente.

Queda claro, que mientras Putin prosiga envalentonándose en lo más alto, echará por tierra cualquier intentona de forjar algo análogo y hace falta un dictamen que patrocine su institución.

Las tramitaciones sobre crímenes de guerra también pueden dirigirse a la Corte Penal Internacional, CPI, que conservando su sede en La Haya, es una institución distinta a la CIJ.

En este caso no se arbitran conflictos contra países, sino contra individuos sospechosos de realizar estos crímenes. Por eso no se puede ir específicamente contra Putin o sus dos principales colaboradores, el Ministro de Guerra, Serguéi Shoigú (1955-66 años) y el

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov (1955-66 años).

El CIJ fue fundado en 1998 por el Estatuto de Roma y está en vigor desde 2002. Por entonces, Rusia selló este Estatuto, pero más tarde con rotundidad lo contradijo, mientras que Ucrania le dio el visto bueno, pero aún no lo ha ratificado.

De momento, el Fiscal Jefe de la CPI, Karim Ahmad Khan (1970-52 años) ha informado de la apertura de una investigación por crímenes de guerra y lesa humanidad que se cristalizará por sus técnicos y equipos. A decir verdad, la Corte podría abrir un procedimiento contra Putin, pero eso únicamente sería factible cuando ya no se encuentre en el poder, porque como Jefe de Estado goza de inmunidad.

Lógicamente, es comprensible que un desenlace así lleve a la desmoralización y es un debate persistente en este componente, la falta de premura de determinados procesos, pero aparte de optimizarlo, hay que creer en el sistema procurado: Putin ha reformado las leyes para ser Presidente hasta el año 2036, pero los especialistas pronostican que esta guerra puede ser su punto de inflexión. O lo que es lo mismo, podría aparecer otro mandatario que admita el menester de los valores democráticos de hacer justicia y abrir una rendija al procesamiento del nuevo Hitler del siglo XXI.

A las dos Cortes precedentes ha de añadirse una tercera escapatoria para devolver la justicia ante violaciones de estas peculiaridades. Me refiero a la justicia universal. Se trata de un principio por el que los Tribunales de un estado concreto despliegan su jurisdicción sobre crímenes internacionales de especial calado, sobre la base de la naturaleza del delito, sin tomar en consideración el término donde se consumó, ni la procedencia de su causante.

Si se produce un crimen de guerra de lesa humanidad o de genocidio que no prescribe, es preciso perseguirlos ante cualquier Tribunal, es la ecuanimidad que manejan los estados. Fijémonos en España, que es un referente cuando activó el proceso de Augusto Pinochet (1915-2006); otros resisten en la brecha y dan luz verde a declararse competentes para dictaminar los mismos crímenes que la CPI, lo que tiene viva la llama en la República Argentina por una causa en los crímenes de la dictadura franquista.

En sí, el impedimento radica en que para poner en movimiento el engranaje de un proceso por justicia universal, los encausados han de ser apresados y conducidos ante el Tribunal que se haya declarado idóneo. Eso es poco aleatorio y difícil que acontezca. Putin y sus secuaces ya se encargarán de no pisar los territorios que estén preparados para enjuiciarlos, pues con evitarlos le es suficiente.

"La invasión rusa en Ucrania se encasilla como una aberración en mayúsculas para la Historia de los hipotéticos crímenes de guerra: Bucha. La Unión Europea junto a la Comunidad Internacional han rechazado con horror las escenas dantescas y el hallazgo de matanzas cometidas en esa localidad al Norte de Kiev"

A pesar de la composición de los caminos sucintamente aventurados, los jueces tienen la última palabra y el deber de instar todas las pruebas encubiertas para fundamentar los crímenes. Terminen como terminen los procesamientos, sin pruebas no hay nada que hacer y transcurrido un tiempo tienden a esfumarse o ser deshechos los últimos indicios. A lo mejor puede que no contemplemos signos de justicia inmediata, pero documentarlo es fundamental para que se produzca en un futuro no demasiado lejano, aunque esta no sea la fórmula que cure el profundo dolor causado en las víctimas, pero sí en un mañana indeterminado.

Aunque los crímenes de guerra de Rusia contra Ucrania son indiscutibles, sobresale que en esas violaciones estarían percutiendo algunas fuerzas ucranianas, en las que ‘Human Rights Watch’, como organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, solicita al Gobierno de Volodímir Zelenski (1978-44 años) que indague las imágenes divulgadas en varios vídeos en las que supuestos militares de Kiev maltratan y disparan a escasa distancia a integrantes del ejército ruso detenidos durante la ofensiva.

Tiros a quema ropa y golpes hasta desfigurar el semblante, serían algunas de las confirmaciones de las crueldades infligidas que habrían ocasionado algunas de las fuerzas ucranianas a militares rusos.

Consecuentemente, la invasión rusa en Ucrania se encasilla como una aberración en mayúsculas para la Historia de los hipotéticos crímenes de guerra: Bucha. La Unión Europea, UE, junto a la Comunidad Internacional han rechazado con horror las escenas dantescas y el hallazgo de matanzas cometidas en esa localidad al Norte de Kiev. Se trata del primer exponente palpable y manifiesto de la muerte y desolación en las zonas tomadas por las tropas rusas que acorralaban la capital ucraniana.

Las marcas apocalípticas con signos de muerte que dejan tras de sí los contingentes de Putin en su retirada de este enclave neurálgico, nos conmueven y zarandean en lo más recóndito del ser. Los cuerpos de decenas de civiles maltratados en las vías públicas, muchos de ellos inmovilizados por la espalda con cuerdas atadas y la averiguación de fosas comunes, apuran la aceptación de quienes con sus ‘peros’ o sencillamente con sus ‘reticencias’, no reprueban la agresión rusa al pueblo ucraniano.

Putin ha de enfrentarse a un Tribunal por crímenes de guerra y lesa humanidad, pero quienes, por acción u omisión, alientan en la complicidad su régimen tampoco pueden quedar exonerados de tales culpas.

Ante los retratos aterradores de Bucha y ahora en Borodianka y los que trágicamente están por llegar, no sirven de nada las expresiones contrapuestas. Ponerse de perfil vaticina un soporte a la invasión de un estado soberano y el quebrantamiento del Derecho Internacional, cuyo hacedor es nada más y nada menos, que el Presidente de Rusia. Una nación donde las trabas de sus encubridores se pagan con la pérdida de la libertad y la vida.

¡No hay pretextos! Todo lo que no sea desacreditar y sancionar con claridad lo sucedido en Bucha, es ponerse del lado de un déspota como Putin.