Los ministerios de Interior y Justicia trabajan en una modificación legal específica para facilitar el castigo penal a la tenencia ilícita de combustible del que se nutren las narcolanchas, un problema al que también se enfrenta Ceuta.
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha explicado este martes que el Ejecutivo trabaja en esta modificación penal tras presidir en Cádiz una reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, para evaluar la actividad policial desplegada en sus dos primeros meses de vigencia.
En este tiempo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado 1.712 operaciones policiales contra el narcotráfico, 106 de ellas de carácter financiero, como blanqueo de capitales; han investigado o detenido a casi mil personas, e intervenido 27.000 kilos de sustancia estupefaciente.
Pero también se ha puesto en evidencia la imparable actividad de las narcolanchas que campan por el Estrecho de Gibraltar, a pesar de estar prohibidas desde 2018, en una de las primeras medidas que se adoptaron en el primer Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico en el sur.
La muerte de dos agentes de la Guardia Civil embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz), por la que un vecino de Ceuta está en prisión, ha puesto el foco en la proliferación de los medios logísticos que las redes de los narcos emplean para nutrir de combustible a las narcolanchas que pueden estar semanas en el mar para no ser interceptadas cuando salen a tierra.
"Soy plenamente consciente de que la presencia de las narcolanchas incomoda, pero en ningún momento puede interpretarse en sentido distinto a que somos nosotros quienes estamos ganando la batalla al narcotráfico. Quien quiera lanzar una idea distinta, que solo atienda a resultados", ha explicado Rafael Pérez.
El secretario de Estado ha recordado que la lucha contra este medio logístico para el transporte de hachís entre Marruecos y España empezó en 2018, cuando fueron declaradas bienes de ilícito comercio. En este tiempo se han intervenido 1.400 embarcaciones, de las que se han destruido 800, junto con 900 motores.
Ha explicado que los ministerios de Justicia e Interior trabajan conjuntamente para facilitar el castigo penal a la tenencia ilícita de combustible, algo que dificultaría los suministros de las narcolanchas.
Rafael Pérez ha valorado los resultados del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar: "sabemos que por mucha inversión por mucho esfuerzo, por muchos resultados positivos que pueda haber, siempre va a haber ámbitos de mejora en la lucha contra las organizaciones criminales", ha apuntado.
Y ha insistido en que pese a hechos recientes como el asesinato de dos agentes de Barbate y de otros dos en un control preventivo de carretera en Sevilla, el principio de autoridad en la zona cero del tráfico de hachís "empezó a recuperarse" cuando se puso en marcha este Plan en 2018.
"Los problemas complejos no tienen soluciones mágicas, conllevan un trabajo sostenido en el tiempo", ha afirmado.
En la reunión de hoy, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, han abordado la necesidad de llevar a cabo modificaciones legislativas para agilizar la tramitación de estos juicios.
El secretario de Estado ha indicado que, además de la compleja reforma que requiere la modificación de la Ley de Organización del Poder Judicial, existen "otras fórmulas" como que sea la Audiencia Nacional, con más medios, la que asuma algunos casos contra organizaciones de narcotráfico que podrían entrar dentro de sus competencias.
Avanzar y profundizar en las relaciones internacionales de la lucha contra el narco, especialmente con los países vecinos como Marruecos y Portugal, y en la vigilancia de los apoyos logísticos de las redes han sido otras de las cuestiones abordadas en esta reunión, en la que han participado los principales mandos de la lucha contra el narcotráfico que intervienen en el Plan.
El secretario de Estado han reiterado que desde 2018 el Ministerio del Interior ha invertido casi 120 millones de euros en medios materiales y humanos para esta lucha.
Ha recordado que en las seis provincias andaluzas en las que está operativo el plan hay más de 25.000 policías nacionales y guardias civiles dedicados a esta tarea, a la que se suman mensualmente unos 1.800 agentes en momentos específicos.
Sobre la reclamación de sindicatos y asociaciones de agentes de que Cádiz sea declarada Zona de Especial Singularidad por la peligrosidad de la zona, ha insistido en que el Ministerio sigue estudiando esta cuestión que debe abordarse "en conjunto con otras zonas de España" que tienen otras dificultades.
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