Las diligencias judiciales abiertas en febrero contra dos maestros de Educación Física de los CEIP Ramón y Cajal y Ciudad de Ceuta por presuntos abusos sexuales sobre alumnas de corta edad, denuncias que obligaron en febrero al primero a pasar por la cárcel y al segundo a permanecer detenido varias horas, continúan cinco meses después a la espera de que los especialistas de la Policía Nacional completen el análisis de los dispositivos electrónicos que se les intervinieron para intentar arrojar luz sobre la credibilidad de las imputaciones, según han informado fuentes judiciales.
El primer docente arrestado continúa suspendido administrativamente y el segundo, en situación de baja médica, tal y como han explicado fuentes de la Administración General del Estado.
Cientos de profesores se echaron tras la segunda detención a la calle para alinearse con los dos maestros y, a pesar de la falta de información publicada sobre los detalles de cualquiera de los dos casos, proclamar su inocencia y clamar contra una supuesta “gran mafia” presuntamente dedicada a intentar lucrarse formulando “denuncias falsas”, aunque posteriormente se supo que al menos en el caso del CEIP Ramón y Cajal la alerta la dieron médicos del Hospital.
El primer detenido pudo salir de prisión tras una semana entre rejas después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 rebajase las medida adoptadas por su homólogo del 3 aplicando fianza de 5.000 euros y cautelares (sin pasaporte y con prohibición de comunicación o acercarse a las dos presuntas víctimas y al centro escolar en el que estaban escolarizadas y él destinado).
La plataforma PIDOCE exigió a finales de marzo, de cara a la convocatoria de oposiciones para profesorado interino, que “la convocatoria de cualquier proceso selectivo debe ir precedida del establecimiento de una sanción proporcional, efectiva y disuasoria, específicamente prevista para sancionar los abusos; el hecho de que el personal temporal pueda participar en estos procesos selectivos, no exime del cumplimiento de la norma. Es más, la sentencia afirma que los únicos procesos selectivos que cumplen la Directiva, son aquellos en los que únicamente pueden participar los empleados objeto del abuso, eliminando la sentencia la posibilidad de que se convoquen procesos selectivos abiertos”.
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