Es la palabra del fiscal.
La palabra recogida en el escrito de calificación inicial que llevará a juicio cuando la Audiencia señale fecha y en la que expone el papel que desempeñaba Antonio López para manejar todo un entramado que perseguía un enriquecimiento ilícito. Para ello, entre manos, tenía el mejor de los mecanismos: la adjudicación de viviendas de promoción pública por los cauces irregulares que básicamente funcionaban en una entrega de casas previo pago por ellas. “Se prevalió de su cargo, desde su toma de posesión en la
Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta el 9 de julio de 2007 hasta su cese en 2015, fecha desde la que el acusado ya venía interviniendo en las promociones de adjudicación de Viviendas de Promociones Públicas.
Articuló un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta al margen del procedimiento legalmente previsto, en el que los adjudicatarios serían terceras personas que previamente le habían satisfecho determinadas cantidades de dinero, en unas ocasiones directamente al mismo y en otras valiéndose de una serie de intermediarios y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera”, expone el representante del Ministerio Fiscal en su escrito a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta.
“Este procedimiento, teledirigido y torticero, fue el que se siguió para la adjudicación durante los años 2011 a 2017 de una promoción de 170 viviendas y otra de 317 de Loma del Colmenar. Una vez que el acusado, Antonio López Fernández, obtuvo una ingente cantidad de dinero ilícito lo introdujo en el tráfico comercial dándole apariencia de legalidad, ocultando su procedencia ilícita mediante operaciones de compra venta de inmuebles, vehículos, artículos de joyería, tanto en su nombre como a través de sociedades mercantiles creadas con este fin, concertando préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva, llegando incluso a amortizar anticipadamente o cancelar las deudas con estos cobros ilícitos”.
Entiende Fiscalía había ‘montado’ un negocio redondo para conseguir dinero, misión esta en la que le ayudaban otras personas, constituyendo una pirámide delincuencial que fue investigada por la Policía Nacional siguiendo las directrices que avalaba el juzgado que ha instruido esta macrocausa. Esa estructura fue “diseñada y organizada” por López y los distintos actores siempre ejecutaban las órdenes y directrices que este daba. A saber: los trabajadores de Emvicesa, cinco en total, que a ojos de la Fiscalía se habían plegado a las encomiendas de López. “Le auxiliaban en tareas administrativas indispensables para conseguir darle apariencia de legalidad a las adjudicaciones ilegales. En concreto los mismos se encargaban de las actuaciones administrativas necesarias para la confección de la lista de adjudicatarios que Antonio López, como gerente de Emvicesa, presentaría a aprobación a la Comisión Local de Vivienda y posteriormente elaboraban los contratos, los cuales atribuirían la condición de adjudicatarios a sus titulares, a pesar de ser plenamente conocedores de que no se ajustaban a la realidad al no haberse ajustado a procedimiento reglado alguno y de que todo era el resultado de los pagos que los futuros adjudicatarios venían realizando a Antonio López, en los cuales participaban obteniendo una cantidad de dinero indeterminada”.
En el caso de una de las trabajadoras, la única mujer investigada en esta trama, medió para que su hermano recibiera una vivienda destinada a menores de 35 años.
López también tenía un grupo de conseguidores, encargados de captar a las personas capaces de entregar dinero por conseguir una vivienda o más de las distintas promociones. Ellos darían el dinero entregado por estos. El tercer escalafón de lo que considera que es una organización criminal pasaría por el papel ejercido por la Comisión Local de la Vivienda. Es aquí donde Fiscalía cree que hay una implicación política hasta el punto de elevarla a esa categoría. Susana Román como presidenta de la Comisión, Rabea Mohamed y Mohamed Alí son los señalados y quienes, según recoge el escrito, “aprobaban la lista de adjudicatarios de las promociones de viviendas, con pleno conocimiento de que la citada lista se había confeccionado por el acusado Antonio López al margen del procedimiento legalmente previsto.
Fiscalía apunta a dos promociones concretas: la de 170 y la de 317 de Loma Colmenar como el germen de las irregularidades al no haberse ajustado “al procedimiento legalmente previsto en la Ordenanza de adjudicación de viviendas promovidas con subvención de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 21/06/2006, publicado en el Boletín Oficial de Ceuta el 06/10/2006”.
En la promoción de las 170, considera Fiscalía que “en ejecución de un plan previamente preconcebido, los tres políticos en ese momento, en sesión celebrada el pasado día 21 de febrero de 2013, con pleno conocimiento de la ilicitud de su actuación, aprobaron la lista de adjudicatarios de la promoción de 170 viviendas de Loma Colmenar, a pesar de que la citada lista no era el resultado de ningún proceso reglado de selección, al haberse realizado al margen del procedimiento señalado en los artículos 15 y siguientes de la Ordenanza, no cumpliendo las prescripciones mínimas señaladas en la ordenanza, omitiendo cualquier mecanismo de control para asegurar la finalidad del procedimiento de adjudicación, ni haber elaborado la lista definitiva (articulo 15.13 de la Ordenanza). Asimismo, en la misma Sesión de 21 de febrero de 2013, conocedores de su ilicitud, aprobaron un listado de ‘compromisos’, a pesar de la ilegalidad de dichos compromisos, al no estar previstos ni regulados en la normativa reguladora del procedimiento de adjudicación”, especifica.
Ese listado cobró apariencia de legalidad con los llamados ‘compromisos’, “por los que se simulaba que los titulares de los mismos serian adjudicatarios de una vivienda publica en la próxima promoción de viviendas, llegando a elaborar dichos trabajadores un listado oficial de esos documentos, registrado en Emvicesa, a pesar de ser todos ellos conocedores de no ajustarse a la verdad, ni los documentos, ni el listado”. La Fiscalía considera que la Comisión Local de la Vivienda era parte activa del entramado Las mismas irregularidades considera la Fiscalía que tuvieron lugar en la promoción de las 317, pero con una salvedad: ese listado salió publicado antes y se dio pie a la posterior presentación de la denuncia, a la judicialización del tema y al inicio de las investigaciones. “El acusado Antonio López Fernández elaboró de forma ilícita una lista definitiva de adjudicatarios al margen de cualquier procedimiento reglado, al no haber existido procedimiento alguno para su elaboración, siendo asistido por los trabajadores del Área comercial de Emvicesa, quienes realizaron todo tipo de funciones administrativas necesarias para que este consiguiera su finalidad de elaborar una lista definitiva de adjudicatarios y darle apariencia de que era el resultado de un procedimiento de adjudicación, a pesar de ser plenamente conocedores de la inexistencia de procedimiento de adjudicación y de la ilicitud de la lista elaborada, logrando el propio Antonio López Fernández que la lista de adjudicatarios fuera publicada el pasado día 25 de Junio de 2015 bajo el titulo ‘listado oficial de adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar’ con la intención de dar publicidad a la finalización de un proceso de adjudicación de viviendas, que no existió”.
Se llegaron a redactar los 317 contratos que atribuían la condición de adjudicatarios a sus titulares, a pesar de ser sus autores plenamente conocedores de su falsedad al no haberse realizado procedimiento reglado alguno, siendo firmados posteriormente dichos contratos por el propio Antonio López Fernández, conocedor de esa falta de veracidad.
El que fuera asesor de Vivas y gerente del PP, Jesús González Barceló, acudió al despacho de López para entregarle un listado de beneficiarios que no llegó a obtener el visto bueno para conseguir la finalidad pretendida: tener una vivienda.
En su escrito la Fiscalía alude al cobro de partidas económicas que oscilan entre los 6.000 y los 20.000 euros. En base a las investigaciones policiales llevadas a cabo se pudieron hilvanar varios pagos por viviendas con la aparición de esos nombres en la famosa lista fantasma. Era un negocio al margen de la ley, ya que las viviendas se comprometían a cambio de dinero, no porque esas personas cumplieran con los requisitos para ser las beneficiarias. “Fruto de esta actividad, el acusado percibió importantes cantidades de dinero en efectivo que le permitieron disfrutar de un suntuoso nivel de vida. López, con una nómina mensual como funcionario público inferior a 4.000 euros, con la finalidad de introducir aquellos emolumentos en el circuito económico legal, y así ocultar su procedencia ilícita, llevó a cabo durante este período numerosas operaciones de compra venta de inmuebles, vehículos, artículos de joyería, tanto en su nombre como a través de sociedades mercantiles creadas con este fin, concertando préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva, llegando incluso a amortizar anticipadamente o cancelar las deudas con estos cobros ilícitos. El importe total que el acusado introdujo en el circulo financiero legal, ocultando así su procedencia fue de 1.978.656,81 euros”, concreta la Fiscalía.
Hay varios ejemplos de su ritmo de vida. Cómo el 27 de septiembre de 2010 el acusado suscribió un préstamo hipotecario con la entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo en la cantidad de 210.000 euros y un plazo de 84 meses, cuotas por importe de 3.590,10 euros que satisfacía con el dinero ilícitamente obtenido. O cómo en 2010 adquirió una casa en Cádiz por 180.000 euros, hilvanando además distintas operaciones hipotecarias en las que se conseguía la introducción de dinero en el mercado lícito procedente de esta trama.
Fiscalía enumera la cantidad de operaciones y movimiento de dinero que llevaría a cabo López, llegando a solicitar, al margen de las penas de prisión, una multa de casi 6 millones de euros y el comiso de los bienes que pudo adquirir gracias a ese entramado, entre casas y vehículos de alta gama además de participaciones bancarias de todo tipo.