En ese particular rompecabezas que supone para la Fiscalía de Ceuta el ‘caso Emvicesa’ no se da puntada sin hilo. De momento todos los caminos conducen a López, la figura ubicada en la cúspide de esa pirámide delictiva que derribó la UDYCO generando una convulsión hasta en el propio Gobierno.
No sé sabe qué se temía más: si la constatación del número de detenidos o si podría aumentar la lista. Quedará para la posteridad de la rumorología aquellos a los que, dicen, la UDYCO aspiraba a colocarles los grilletes y conducirlos hasta el juzgado. Los tiempos no acompañaron.
De momento contra López han declarado dos intermediarios que aseguraron que el expolítico, protegido durante años por el PP, era el que recibía el dinero para que personas que optaban por el camino más corto e ilegal pudieran tener una vivienda.
Esas tesis de los conseguidores fueron avaladas por los que pusieron encima de la mesa hasta 20.000 euros por lograr casas para sus familias que nunca disfrutaron.
Todo se movía al margen de lo legal y transparente: dinero entregado en mano, compromisos verbales y, cuando ya todo se derrumbó, amenazas y cascada de arrestos en la que sin duda fue la operación policial más convulsa de Ceuta.
La Fiscalía ha vaciado todas las piezas de este rompecabezas sobre el tablero y está dispuesta a colocarlas para que cuadren sin dejar huecos y el juicio termine con condenas. De momento la sombra de las nulidades no ha cobrado fuerza como sí lo hizo en macrocausas como ‘la Monte’.
Los ‘clientes’ que han declarado han reconocido que eran conscientes de que cometían una acción delictiva pero aun así buscaron el dinero para ahorrarse la hipoteca y terminar saliendo en una lista de beneficiarios. Ese reconocimiento les lleva a dejar constancia de que efectivamente esa cadena delincuencial existía y que todos sabían que lo que se estaba haciendo era ilegal.
A los ‘clientes’ que declararon ayer se les sumarán los de hoy. Hay más de 30. Sobre ellos pesa una acusación de 3 años de prisión por cohecho pero la aceptación del delito, la colaboración y las dilaciones indebidas convertiría esa pena en 9 meses de cárcel.
La estructura que motiva el delito está: no uno sino varios confirman que sí, que al dar dinero iban a obtener una vivienda de promoción pública.
La Fiscalía tiene colocadas ya varias de las piezas con esos pagadores pero quedaba tener mayor consistencia con testimonios de los intermediarios, esas personas que la UDYCO sitúo en el escalafón necesario para relacionar a ‘clientes’ con el único que podía tener poder para prometerles algo: López.
Dos de ellos lo han señalado. En el caso del policía portuario que pasó 10 meses en prisión preventiva no solo ha implicado a López sino que además ante un tribunal sorprendido se levantó y señaló con nombres y apellidos a todos los ‘clientes’ con los que tuvo relación recordando incluso algunas de las cifras que le dieron.
Hay quien considera que en muchos aspectos la Justicia se ha convertido en una suerte de negociaciones paralelas al tribunal, en un particular mercadillo de intereses en el que las calificaciones iniciales pueden pasar a ser peticiones de prisión simbólicas o meras multas.
Pero frente a esa suerte de acuerdos queda mucho ‘caso Emvicesa’, muros imposibles de derribar como los que mantienen unidos a los tres expolíticos miembros de la comisión de la Vivienda que no quieren siquiera escuchar susurros al oído de posibles acuerdos, ni siquiera ofertas de multa en vez de prisión.
Susana Román, Mohamed Alí y Rabea Mohamed se han mantenido unidos en esta travesía del desierto por defender su inocencia y han tenido que arrastrar durante años las condenas populares en forma de insultos en redes sociales o menosprecios públicos amén de ataques a sus familias.
Esa costra les sigue manteniendo como un bloque ante lo que no deja de ser una vista judicial que lejos de los focos mediáticos concluye algo claro: algo se hizo mal, pero muy mal, para que se llegara a esto. Y se hizo con lo que debiera ser sagrado: dar viviendas a quienes se las merecían.
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