Intentar conocer cómo se trabajaba en Emvicesa en materia de vivienda resulta desde esta tarde algo más complicado. Aunque una cosa queda clara, la sociedad municipal era lo suficientemente caótica como para que el Gobierno de Ceuta se hubiera tomado más en serio cómo se trabajaba porque allí parece que nadie sabía nada, no se conocían reglamentos, ordenanzas ni siquiera funciones.
Ese caos consentido prevaleció hasta el punto de que ahora se juzga un caso de esta envergadura y hay 3 expolíticos sentados en el banquillo por una presunta responsabilidad en una comisión de vivienda que parece ahora, en cuanto a su funcionamiento, la gran desconocida.
Los acusados Mohamed Alí, Rabea Mohamed y Susana Román han mostrado en partes de la declaración que escuchaban rostros de sorpresa y desesperación por la falta de concreción en las declaraciones de una asesora jurídica que redactó el acta de las 170 viviendas de Loma Colmenar que nunca se aprobó.
Ha evidenciado con su declaración la falta de conocimiento o recuerdo en torno a procedimientos y asuntos que afectan a esta entidad. De aquella promoción de las 170 se gestaría el escándalo posterior de las 317 tras la publicación de la lista fantasma.
Tanto a preguntas del Ministerio Fiscal como de varios abogados, la testigo ha insistido en que o bien no recordaba muchos asuntos o bien los desconocía. La perito, asesora en expedientes de contratación administrativa en Emvicesa, ha recalcado que no participó en procedimientos de adjudicación de viviendas solo que puntualmente fue a alguna comisión en ausencia de quien debía estar.
Su labor consistiría en redactar la convocatoria, levantar acta y, de ver algo que le sorprendiera por ilegal, decirlo o hacerlo constar. Algo que nunca ocurrió.
La amnesia, esa falta de recuerdo sobre muchos de los aspectos que afectaban a Emvicesa, sumada al puro desconocimiento han sido sin duda las claves de una declaración en la que solo se ha dejado claro que la testigo nunca vio compromisos y que esos documentos no tendrían validez porque estarían fuera de la legalidad al no haber seguido un proceso de adjudicación de viviendas.
“Es papel mojado pero yo no he visto ese compromiso nunca”, ha manifestado.
“En Emvicesa el reparto de funciones no está muy definido”, ha dicho la testigo cuando le han preguntado en varias ocasiones qué funciones laborales tenían los trabajadores de Emvicesa que figuran como acusados en este macrocausa, se quiera o no, sus compañeros al menos de un mismo escenario laboral.
Tampoco ha tenido idea sobre si el gerente Antonio López dio listas con nombres. “Ni lo he visto ni lo sé”, ha dicho.
En toda su declaración ha ofrecido ideas vagas sobre cómo se debería trabajar en Emvicesa bien por desconocimiento o por no recordarlo. Sí que ha mencionado que supo de “rumores” de personas que decían haber pagado dinero por casas.
“Yo he oído rumores pero no he visto ni he oído… rumores de viviendas que se daban con cierto dinero… Los oía entre los compañeros, pasillos…”, pero ya está porque ni vio listas ni tuvo conocimiento directo de alguna actuación concreta de Antonio López que hubiera sido irregular.
Sobre la reunión de la comisión local del 21 de febrero de 2013 ha dado respuestas en el mismo tono evasivo recordando que en una ocasión, en una comisión en la que intervino puntualmente, se sorprendió que se fuera a aprobar una entrega de viviendas si no había listas. ¿Pero cuándo pasó eso? Recuerda el hecho pero no la fecha ni en qué comisión ocurrió.
“No sé si es en esta comisión o en otra, no sé en que comisión pasó eso que ejercí mi derecho a la voz. Cómo van a aprobar unas listas que no están aquí…”, recuerda que dijo.
En la declaración se ha hablado de promociones, viviendas, funciones… pero la propia testigo ha indicado que no conoce la ordenanza así que “la fuente de conocimiento” empleada para declarar en torno a algunos detalles, como le ha hecho ver el abogado Javier Izquierdo, no se sabe qué origen tiene.
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