El 14 de febrero estalló la noticia más importante del año. Una información que ha derivado en muchas páginas del conocido como ‘Caso Loma Colmenar’ o ‘Caso Emvicesa’ tras cerca de dos años de investigaciones diversas llevadas en el más estricto secreto.
Una información con un protagonista principal y que, al finalizar el año (y a pesar de las múltiples peticiones de libertad por parte de su defensa), sería el único en continuar en prisión. Entre rejas tras ser detenido por agentes de la UDYCO en Ceuta desplazados hasta su casa de Marbella y apoyados por componentes del GRECO-Madrid ese 14 de febrero.
López fue el primero en ser detenido y en ir directamente a Los Rosales, sin fianza
Hablamos del quien fuera viceconsejero de Vivienda y gerente de Emvicesa, Antonio López. La noticia de la detención de López constituyó una auténtica ‘bomba’ informativa de la que se fueron conociendo más detalles en el transcurrir de los días y semanas.
López fue el primero en ser detenido y el único en ir directamente a la prisión de Los Rosales, sin fianza. Sin embargo los nombres de Rabea Mohamed, Susana Román y Mohamed Alí, por haber estado vinculados a la Comisión Local de Vivienda, también se vieron vinculados con este caso.
Alí, Román y Rabea estaban visiblemente afectados tras prestar declaración
Fueron detenidos de forma gradual y la propia Román tuvo que venir desde la península, aunque en el mismo día la jueza dictó autos de puesta en libertad con cargos después de horas de declaración primero en la Jefatura Superior y después en los juzgados.
Los tres, visiblemente afectados tras una jornada, la del 15 de febrero, en la que mediáticamente todos estaban en el ‘ojo del huracán’ y en la que ya se hablaba de cerca de 40 investigados (en su mayoría, quienes declararon haber abonado sumas de dinero a cambio de ‘favores’ en la consecución de una VPO de las diferentes promociones en sospecha). Una cifra de investigados que luego ascendería a más de 60 y sobre los que no se ha dictado auto de sobreseimiento alguno.
Rápidamente este caso se convertía en la macrocausa por excelencia que, además, y por primera vez, involucraba a la política ceutí de lleno. Una macrocausa que, necesariamente necesitaba ser ‘blindada’ y decretarse un secreto de sumario para evitar no solo filtraciones sino, también, una posible destrucción de documentos de saberse los pasos que iba a ordenar a la Policía.
Porque las detenciones, registros (en diferentes sedes, como las de Emvicesa o la propia vivienda de Antonio López en el Sardinero) y entradas en prisión iban a continuar. Tan sólo un día después de que López pisara por vez primera Los Rosales, hubo varios detenidos e interrogados, como cinco trabajadores de la empresa municipal que se situaba en el punto de mira: Emvicesa.
De entre todos los llamados a declarar, la jueza ordenó la entrada en la cárcel de tres hombres más con perfiles dispares: un policía portuario, un trabajador de una naviera y otro vinculado a una empresa municipal, Obimace. Sería este último, acusado de servir de presunto enlace en toda la trama de adjudicación de viviendas, el que permanecería varios meses en prisión ya que no fue hasta mediados de diciembre cuando la Audiencia acordó dejarle en libertad bajo fianza de 40.000 euros. Anteriormente y por la misma razón (se consideraba que ya no existía riesgo de fuga) había logrado su libertad el policía portuario.
Respecto al ‘cabecilla’ de la trama, Antonio López, su última declaración se produjo el 18 de diciembre, en la que desvinculó los mensajes de Whatsapp investigados con presuntos casos de “tráfico de influencias” considerando que los mismos se corresponderían con “prácticas normales” que pasaban simplemente por pedir que se recibiera a la gente, pero no por cursar una petición expresa de ayuda (favor político) para que esa gente obtuviera una vivienda.
El ‘’Caso Emvicesa’ es mucho más que eso. Es la gran macrocausa judicial cuyo final todavía no se conoce y cuyo secretismo sigue vigente en muchos aspectos en el inicio del 2018.
Antonio López estuvo en dos listas electorales, tanto las de 2007 como las del 2011. Pero en ambas nunca figuró en los puestos de salida. La prueba está en que Vivas obtuvo 18 diputados en cada uno de esos comicios y López no entró nunca en primera instancia, sino a partir de la salida de algunos compañeros.
Además, en los tiempos en los que el fallecido Pedro Gordillo era el todopoderoso líder del Partido Popular de nuestra ciudad y compartía ese liderato con Juan Vivas, Antonio López pertenecía a su círculo de confianza.
Su primera entrada en cargos de designación directa fue tras las elecciones de 2007: Francisco Márquez había dejado la Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda, había sido nombrado consejero de Hacienda y presidente del Consejo de Administración de la sociedad municipal. Le sustituye en el puesto el mismo Antonio López y ahí, ligado a esta empresa municipal permanecerá durante sus ocho años de permanencia en el Gobierno de Vivas.
Reconoció que cumplió uno de sus sueños cuando al final de la legislatura que terminaba en 2011 accedió como diputado de la Asamblea aunque solamente unos meses. La circunstancia no sirvió para que subiera en el escalafón, sino que Vivas le dejó más o menos en el mismo lugar.
Cuentan incluso que el presidente no le quería ni en la lista ni tampoco al frente de Emvicesa, pero que fue otra vez Francisco Márquez quien intercedió por él logrando lo que sería una nueva oportunidad. Siempre trabajó a las órdenes de Márquez en su condición de presidente de Emvicesa, y luego con Susana Román al sustituir la misma a Guillermo Martínez en Fomento.
En 2015 Vivas se negó a incluirle en la lista. Ahí acababa su vida política. Pidió su ingreso en su anterior trabajo, el BBVA, pero no le agradó el destino y se instaló en Marbella.
El tiempo máximo que López permaneció como diputado en la Asamblea fue durante dos años, desde la dimisión de Guillermo Martínez de todos sus cargos, en junio de 2013, hasta que finalizó esa legislatura. Al ser integrante de la Asamblea no podía ser gerente de ninguna sociedad municipal.
Y ahí le nombran viceconsejero de la Vivienda y consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda, quedándose sin cubir la Gerencia, porque, al final, el mismo López la llevaba en la sombra. Lo que estaba muy claro cuando comenzaron las negociaciones para la confección de la lista electoral del año 2015 es que Antonio López estaría.
Muchos de sus compañeros de bancada han llegado a comentar que Vivas seguía ‘sin poder verle’, que no quería ni recibirle y que incluso su antipatía había ido en aumento. López continuaba teniendo a uno de sus valedores con un poder todavía importante como era el mismo diputado Francisco Márquez que, a esas alturas, aún formaba parte del equipo de Gobierno. Su jefa desde el punto de vista político como era Susana Román también llegó a hablar en su favor ante el presidente Vivas, pero la negativa de este era absoluta.
No había posibilidad de convencerle. El fin de la carrera política de Antonio López era una absoluta realidad. Él, sin embargo, no contaba esa versión, sino que Vivas le había dicho que no iba en la lista pero que seguiría al frente de una de las sociedades municipales. Al final se demostró que nada de nada. Antonio López jugó sus cartas.
López pidió su reingreso en el BBVA, de donde había salido ocho años antes para ser nombrado gerente de Emvicesa, pero desde la entidad bancaria le trasladaron a una población que, por supuesto, no solo estaba perdida, sino que no era de su agrado. Se instaló en Marbella, donde tenía dos dúplex unidos y una inmobiliaria. De vez en cuando se dejaba caer por Ceuta, no solo para prestar declaración en el Juzgado, sino para ver a su familia. Hoy seguramente su llegada va a ser muy diferente a la que podía haber imaginado en alguna ocasión. En manos de la jueza está su futuro.
Unos días después de la publicación de la conocida ‘lista fantasma’, en 2015, el presidente Vivas denunció que había sido amenazado y presionado por el entonces exviceconsejero de Vivienda y Rehabilitación, Antonio López, para continuar en algún puesto del nuevo gobierno y que en ningún momento se sometió a estas presiones.
“He mantenido mi postura de manera firme y pienso que eso está por encima de intereses personales, de presiones e incluso de amenazas y el sentimiento que tengo es de tranquilidad de conciencia”, dijo en aquella fecha del 15 de julio.
Vivas entonces relacionó tanto la filtración de la 'lista fantasma' de las 317 viviendas de Loma Colmenar como todas las órdenes dadas a los trabajadores de Emvicesa para que fueran llamando a las personas que aparecían en la citada lista como el cumplimiento de esa amenaza de que “o seguía en el equipo de gobierno y cambiaba de opinión directamente o reventaba ésto”.
“No me esperaba tener en el Gobierno una persona que se comporta así”
Este comentario fue hecho, según el relato efectuado por el presidente de la Ciudad, por el mismo Antonio López a la consejera de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Susana Román, la cual “ha tenido un comportamiento exquisito en este caso y como es lógico, dentro de la lealtad vino y me lo comentó. La respuesta mía fue contundente y le dije que transmitiera que a pesar de esas presiones y amenazas mi decisión era que no iba a continuar bajo ningún concepto. Comprenderán que por ganar en tranquilidad no iba a perjudicar el interés general, la transparencia y la legalidad”.
Tras esa narración de los hechos le preguntaron sobre si se sentía defraudado por parte del exviceconsejero de Vivienda: “En la vida me he encontrado de todo. Evidentemente no me esperaba haber tenido en el gobierno a una persona que se está comportando como se está comportando. Es motivo más que suficiente para sentirme defraudado, pero lo importante es que tenemos la conciencia y las manos limpias”.
El ‘caso Emvicesa’ centró el pleno de la Asamblea del 20 de marzo. Ciudadanos insistió en un pronunciamiento del pleno para que se incluyeran como razones de cese de un diputado el estar investigado por causas relacionadas con la corrupción.
Carreira entonces les acusó de querer restaurar los tribunales de honor que existieron hasta 1978 o, yendo más lejos, la Inquisición “sustituyendo los políticos al poder judicial. Que seamos nosotros los que digamos cuáles son los delitos por los que un político se tuviera que ir y que no se tenga en cuenta la presunción de inocencia. Lo que ustedes quieren es que esos políticos tengan encima su sambenito perpetuo y lo que es peor, la degradación”.
Sentenció que lo que deseaba Ciudadanos era instaurar un sistema de “persecución política”.
El 8 de abril ‘El Faro’ informaba de más detalles del denominado Caso Emvicesa luego de que se levantara el secreto de sumario ordenado por la jueza Raquel Lucini. Más de 5.000 folios de actuaciones, tomos y tomos guardados que empezaron a ser escaneados para que los abogados personados pudieran analizar cada una de las conclusiones de Lucini.
Se confirmaba definitivamnete la existencia de una presunta trama de adjudicación de casas a cambio de dinero siguiendo procedimientos ajenos a los cauces legales y comenzaron a conocerse las primeras cifras: pagos de entre 8.000 y 12.000 euros por la adjudicación de una vivienda. En la cúspide de la investigación figuraba, como ya se conocía, el exgerente de Emvicesa, Antonio López, que contaba con intermediarios y con el supuesto apoyo de los funcionarios.
Otra de las informaciones relevantes se conocieron fue que una supuesta ‘falta de rigor’ de la Comisión de Vivienda favoreció a la supuesta trama, que hundiría sus raíces al menos en el año 2013. Se concretaba también la lista de presuntos delitos investigados. Según el TSJA serían prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal, blanqueo y tráfico de influencias.
También se supo que, si bien el ‘caso Emvicesa’ se inició porque el Gobierno denunció en los juzgados a Antonio López, en referencia exclusiva a las 317 VPO de Loma Colmenar, las indagaciones protegidas durante casi dos años por el secreto de sumario llevaron a un origen anterior: la promoción de las 170. Es ahí donde nacía la clave de todo lo que estalló en febrero en la bautizada como operación ‘Ghost’, ya que se consideró que aquel proceso fue irregular desde el principio hasta el final.
El 6 de mayo se conoció que el abogado de Antonio López, José María Calero, daba los primeros pasos buscando el objetivo que ya había deslizado a los medios de comunicación: cargarse toda la investigación que llevó a su patrocinado a la cárcel como presunto cabecilla de una trama de corrupción con las viviendas de promoción pública.
Para ello presentó dos documentos. Uno recusando a la magistrada Raquel Lucini poniendo en duda su imparcialidad. El abogado dijo “haber tenido noticias de hechos que dejan afectada la imparcialidad de la magistrada juez instructora”. Ese incidente se sustentaba en que habría aprovechado una investigación archivada por el juzgado de instrucción número 2 sobre irregularidades en ofrecimientos de viviendas que la Policía descubrió mientras indagaba en el asesinato del apodado Ribery. Semanas después se supo que esta recusación fue rechazada por la Audiencia.
El lunes 9 de junio López habló por primera vez ante la magistrada. Declaró tranquilo, convincente, hasta en ocasiones locuaz y sin escurrir el bulto a la hilera de preguntas que se le hacían. Negó todo. Declaró que no había recibido dinero, que las listas le venían impuestas por la propia consejería y que nunca se le había amenazado. Así que las testificales de presuntos clientes e intermediarios que declaran haberle pagado dinero, algunos incluso a él directamente, serían, según su manifestación, falsas, sencillamente porque negó hasta la saciedad haberse llevado un euro por desviar el cauce de entrega de las casas por otros senderos ilegales.
Dijo que nunca hizo listados, tampoco baremó y situó toda la responsabilidad en la Comisión Local de la Vivienda y, en concreto, en la consejera responsable del área de Fomento, Susana Román. Se lavó las manos en todo e hizo alguna alusión a la figura del presidente Vivas, únicamente cuando se le preguntó sobre las órdenes de entrega de las casas. Él negó que tuviera algo que ver, pero sí dijo que hubo órdenes de la consejera Román y del propio Vivas de que tenían que entregarse ya a pesar de que la lista no estaba aprobada.
Y otra acusación hacia Emvicesa, una empresa de la que dijo que era ‘caótica’ y que ‘funcionaba mal’ desde antes de su mando.
En una nueva declaración, a principios de julio, Antonio López volvió a negar haber recibido dinero por la adjudicación de viviendas, tener algo que ver con los listados o incluso mantener vínculos con las personas que, en el ‘Caso Emvicesa’, figuran como intermediarios, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la UDYCO, siguiendo las encomiendas judiciales.
Pero en la causa figuraban no solo declaraciones de personas que dijeron haber hecho entrega de dinero sino testificales que detallaban con pelos y señales encuentros que luego se corroboraban con los seguimientos e intervenciones telefónicas de los agentes policiales.
Una de las más clarificadoras la prestó el trabajador de una naviera que ofreció ante su señoría todos los detalles de cómo se habría pretendido fraguar la compra de la obtención de una vivienda de las 317. A cambio de 12.000 euros se le iba a asegurar salir en la lista para que su suegra tuviera finalmente esa opción.
Según aseguró, después de que su suegra no obtuviera la vivienda y este tratase de recuperar su dinero, López le djo: “El dinero no me lo he llevado yo solo, hay más gente en el partido”. Según dijo, el precio no era negociable y lo imponía el propio López.
La mujer del trabajador de una naviera investigado prestó declaración ante la magistrada Raquel Lucini, y confirmó la versión que en su día ofreciera su marido, que dio pie a su puesta en libertad con cargos y a su consideración de investigado como cliente y no como intermediario.
Dijo que quedó con el exgerente de Emvicesa, Antonio López, en un centro comercial de Marbella, donde éste le entregó un sobre que le metió en su chaqueta.
Ese sobre ni lo abrió hasta llegar a Ceuta y comprobar que dentro había 2.000 de los 12.000 euros que su madre había entregado para optar a una vivienda de las 317.
El 14 de septiembre la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta notificaba el auto: López debería seguir en prisión, aludiendo a un posible riesgo de fuga y que su puesta en libertad podría influir en la buena marcha de la investigación, que todavía no finalizaba ya que la instrucción del ‘caso Emvicesa’ continuaba.
Por otro lado, el miércoles 20 de septiembre la ex consejera de Fomento, Susana Román, quien se había visto detenida durante unos días en el mes de febrero por su presunta implicación, prestó declaración voluntaria ante la magistrada.
Una declaración preñada de abundante documentación aportada, todo ello atendiendo a la estrategia que mantiene su Defensa a la hora de desvirtuar la capacidad real que tenía la Comisión Local de la Vivienda (CLV) que llegó a presidir su patrocinada y que se encontraba en el punto de mira de la instrucción de Raquel Lucini no solo en la promoción de las 317, sino también en la de las 170, auténtica matriz del caso.
Según la documental aportada por Román y su declaración, la denominada Comisión Técnica de Evaluación, un órgano que se creó en base a un acuerdo marco suscrito en marzo de 2007 entre la Ciudad y el Ministerio del que salió el compromiso de construcción de 600 viviendas en Loma Colmenar con financiación íntegra del Estado.
La Comisión Local solo tendría competencia en temas de vivienda que cuenten con financiación de la Ciudad, algo que no se daba en este caso, tal y como mantiene la Defensa. Hay un detalle, en las actas que firmaba la CLV siempre se adjuntaba la expresión “dar cuenta de”, nunca “aprobar”, lo que vendría a sustentar esa línea de incapacidad operativa del órgano en cuestión.
Así, siete meses después de abandonar la vida política tras ser detenida como investigada, Susana Román, volvía al Juzgado para explicar esto a la magistrada del caso y responder por qué considera que no ‘pintaba’ nada en el sumario más que como querellante.
La defensa de Susana Román y Rabea Mohamed solicitó el archivo y sobreseimiento de las actuaciones que afectan a ambas en la mencionada causa por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento.
A su juicio, “si la única motivación de la imputación es pertenecer a la Comisión Local de la Vivienda y queda acreditado que no tenía la función de controlar la legalidad y transparencia en esta promoción de viviendas, no existe motivo para continuar dicha imputación por cuanto ellas no eran quienes tenían que controlar la adjudicación”.
A finales de noviembre, tras el último informe de la UDYCO, las investigaciones de la macrocausa seguían ampliándose. La nueva pieza se sustentaba en todas las conversaciones que la Policía Nacional ha podido extraer de las investigaciones sobre mensajería telefónica que Antonio López mantuvo con decenas de personas.
Algunas de mayor calado informativo que otras, evidencian lo que a la UDYCO le parece una artimaña del exgerente para salvar sus espaldas. “Esta instrucción ha llegado a la conclusión de que a Antonio le interesaba otorgar viviendas de manera discrecional y arbitraria, a cambio de los ‘favores’ que le pedían compañeros de partido político, cargos institucionales o amigos, ya que con esa actitud haría partícipe a todas esas personas de las ilegalidades que él comete, y sería la coartada perfecta para realizar la principal actividad ilícita investigada en esta causa, que es la venta ilícita de viviendas”, explica en el informe policial a cuyo contenido tuvo acceso este periódico.
¿Quiénes eran esas personas que tendrían alguna relación con López hasta el punto de tener alguna influencia para que otros ciudadanos obtuvieran una casa ‘a dedo’? Políticos, trabajadores de empresas municipales, profesionales varios y también asoma una conversación con Susana Román, que ya figura como investigada en la causa y que deberá declarar por este nuevo delito.
Esta era una de las novedades casi al terminar el año en la macrocausa que, a buen seguro, continuará desvelando muchos más detalles a lo largo de 2018. Y, mientras tanto, López continúa en prisión.
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