Caso 6F: La Abogacía del Estado recurre el auto contra los guardias civiles

La Abogacía del Estado, que representa los intereses de los guardias civiles investigados por su participación en los sucesos del 6 de febrero de 2014 en Ceuta, ha presentado un escrito para evitar que los agentes sean juzgados, después de conocerse el auto de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 que veía indicios de un delito de homicidio imprudente en sus actuaciones.

“No se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar”, se indica en el mensaje difundido por El Confidencial, en el que la Abogacía destaca que ningún inmigrante murió por la acción de los agentes y los que se ahogaron lo hicieron sin lesiones, argumenta la defensa en nombre del Gobierno, que pide la absolución.

Las valoraciones de la Abogacía son contrarias a las conclusiones de la magistrada que refleja en el auto que la actuación de los componentes de la Guardia Civil investigados en esta causa pudo “contribuir, co-causalmente, a título de imprudencia, a la muerte por ahogamiento”, aludiendo a la “falta de proporcionalidad de la actuación desplegada por los investigados, los cuales, indiciariamente asimismo, omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar con riesgo vital”, destacó.

La Abogacía considera que “se ha acreditado con las pruebas incorporadas a las presentes actuaciones que no se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar, los 23 inmigrantes que accedieron a la playa ceutí del Tarajal, bien por sus propios medios, bien auxiliados por los servicios marítimos, lo hicieron en perfecto estado de salud, y por ese motivo pudieron ser rechazados en frontera de manera inmediata; los buzos que peinaron la zona el día de los hechos y el día siguiente, confirmaron que no se había producido ningún fallecimiento en el lado español”.

En el escrito, dado a conocer por este medio, la Abogacía considera que “no se ha producido, y por tanto no consta, ninguna resolución posterior, casi seis años después del inicio de las actuaciones, que permita converger la existencia de presuntos hechos punibles o relevantes desde un punto de vista penal y la identidad de los presuntos responsables”.

Se muestra crítica con la instrucción de la magistrada indicando que “estas diligencias se han convertido en una suerte de investigación genérica de hechos, que no revisten trascendencia penal, como veremos posteriormente, o que al menos, son de imposible atribución a ninguna de las personas que se encuentran imputadas, y cuyo objeto parece que se ha centrado en demostrar la corrección de actuación de los agentes de la guardia civil, en definitiva, su propia inocencia, desconociendo los pilares básicos de un Estado de Derecho”. Según los abogados del Estado, la actuación de la juez “ha generado [a los guardias civiles] una clara vulneración del derecho de defensa, en particular, el derecho básico y esencial que toda persona a quien se le atribuya un hecho punible merece”.

Defensa de los agentes: Hubo avalancha

En la versión que sostiene la defensa de los agentes se indica que hubo una avalancha y que no se actuó de manera pacífica en el intento de entrada bordeando el espigón del Tarajal. Los medios antidisturbios se lanzaron, en un primer momento con la finalidad de contención, y con la idea de prolongar la frontera física entre Ceuta y Marruecos, a lo largo de la línea del mar, y posteriormente, para canalizar a los inmigrantes que habían alcanzado aguas españolas a la playa como zona segura, evitando que nadaran mar adentro. En ningún caso alcanzaron ni sobrepasaron la zona marroquí. En ningún caso se lanzaron con la finalidad de alcanzar a los inmigrantes”.

Para la Abogacía, de acuerdo con el escrito difundido por El confidencial.com los inmigrantes fallecidos nunca fueron responsabilidad de la Guardia Civil. “La instructora, parte de una primera premisa errónea, al señalar que las personas inmigrantes estaban bajo control de fuerzas del orden españolas. Tan solo se encontraron bajo las fuerzas del orden españolas los 23 inmigrantes que lograron acceder al territorio español, y que posteriormente fueron rechazados”.