Casi cien acusados por la trama de falsificación de carnés de conducir

Hasta 90 personas están acusadas de un delito de falsedad de documento público oficial después de coparticipar en una trama de falsificación de carnés de conducir que operó en Ceuta entre 2016 y 2017.

El Ministerio Fiscal ha realizado ya su informe en el que recoge la calificación inicial en torno a estos hechos que fueron conocidos gracias a una investigación del Cuerpo Nacional de Policía.

Ese operativo terminó con la detención de un funcionario de Tráfico, ya fallecido, y trabajadores de una gestoría que se encargaba de trámites como el canje de carnés de conducir de Marruecos.

Decenas de personas se hicieron con un carné sin cumplir con los requisitos, por ello Fiscalía solicita que ese permiso les sea retirado además de imponer a cada uno de los 90 acusados una condena de 2 años y 3 meses de prisión, así como una multa de 9 meses a razón de 50 euros diarios, de acuerdo con la calificación emitida a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro.

Por otro lado, a los dos trabajadores de la gestoría implicada en esta trama se les acusa de un delito continuado de falsedad de documento público oficial en calidad de coautores, por el que pide la imposición de una condena de 3 años de prisión y multa de 12 meses a razón de 50 euros diarios.

Las defensas deben presentar ahora sus informes en torno a unos hechos que llevan ya 7 años esperando juicio, ya que solo se ha celebrado una conformidad en la Audiencia respecto de uno de los acusados a quien también se le acusaba de cohecho.

¿Qué es lo que pasó?

Los llamados A.R. y U.R., administradores de una empresa ubicada en la carretera nacional, ofrecían entre sus servicios la gestión ante la DGT del canje de los carnés de conducir expedidos por las autoridades competentes del Reino de Marruecos.

A los dos se les relaciona con la maquinaria que posibilitó que decenas de personas obtuvieron los permisos de conducir B y A de manera fraudulenta, ya que no cumplían con los requisitos para obtenerlos.

Ese canje podía hacerse únicamente cuando se cumplía con lo recogido en el convenio de reconocimiento recíproco para el canje de permisos nacionales entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, siendo necesario que el solicitante tuviera el carné antes de haber obtenido la residencia legal en nuestro país y acreditara que residía en Marruecos a la fecha de obtener ese carné de conducir que se pretendía canjear.

El procedimiento para el canje de un permiso de conducción expedido en Marruecos se inicia con la solicitud de cita para la persona interesada, que genera de forma automática la consulta al país de origen para la verificación de los datos introducidos.

A la solicitud se debe acompañar el justificante de pago de la tasa, el permiso de conducción que se pretende canjear, una fotografía y acreditar la identidad, residencia y el informe de aptitud psicofísica telemático.

La trama delictiva que se puso en marcha

Pues bien, mantiene la Fiscalía que los acusados se pusieron de acuerdo para, entre 2016 y 2017, canjear permisos de conducir marroquíes pese a saber que estas personas los habían obtenido después de adquirir la residencia en España y por tanto no tenían derecho al canje.

A algunos de los 90 acusados les tramitaron el canje pese a carecer de permiso de conducir marroquí, previo pago de entre 300 y 3.000 euros.

Los llamados A.R. y U.R. actuaron en connivencia con un funcionario oficial de gestión y servicios comunes de la Dirección General de Tráfico contra el que no se sigue este procedimiento porque falleció.

Mantiene el Ministerio Fiscal que ambos abonaron la tasa del canje de los permisos de conducir de decenas de acusados. Esa tasa genera un código de 12 dígitos para que el funcionario tramite la solicitud del canje sin que se realizara la consulta a Marruecos, permitiendo así que los carnés fueran convalidados y se expidiera el nuevo carné por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Esta enviaba por correo ordinario el nuevo documento al domicilio de quienes ahora figuran como acusados.

En los registros policiales llevados a cabo el 17 de septiembre de 2017 se localizó gran cantidad de dinero además de documentos. La Policía entró en la gestoría y en dos domicilios, hallándose no solo paquetes de billetes en euros y dírhams dentro de cajas fuerte sino también fotocopia del permiso de residencia, permiso de conducir marroquí y carta de identidad de una persona, junto con un informe de aptitud psicológica del mismo y dos fotografías.

Además, fueron localizados papeles con códigos de pago de tasas, diversos justificantes de pago de tasa, documentación para iniciar canje de permiso de conducir o autorizaciones temporales. Fueron encontrados los talones-foto originales de tráfico de los 90 acusados, certificados médicos, tasas, permisos de circulación originales en blanco a falta de rellenar.