Un total de 7.243 ceutíes tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según los números actualizados de su base de datos estatal que acaba de publicar el IMSERSO. El colectivo de españoles que han resultado con ese nivel de discapacidad y como tal con la consideración de personas en situación de discapacidad,
es de 2,5 millones; 142.966 más que en 2010, lo que “no indica necesariamente que haya aumentado significativamente el número de personas con discapacidad, sino que son los registros que han cumplido criterios de validación de información obligatoria para la finalidad de los datos, se ha mejorado la calidad de los datos recibidos”.
De ese total, 3.027 son hombres y 4.246 mujeres. La deficiencia más repetida es de naturaleza osteoarticular (2.501 casos en la ciudad autónoma), seguida de la enfermedad crónica (2.468) y, mucho más lejos, la mental (1.271), la neuromuscular (810), la intelectual (794) y la visual (758).
El 33 por 100 de discapacidad que da derecho al reconocimiento de la condición de persona con discapacidad tiene en cuenta tanto los factores discapacitantes (ya provengan de una disminución física, psíquica o sensorial), como los factores sociales, entendiendo por tales, entre otros, la edad, entorno familiar, situación laboral y profesional, niveles educativos y culturales, así como el entorno habitual de la persona con discapacidad.
Los beneficios a favor de las personas discapacitadas no se encuentran recogidas en una única norma, sino que se encuentran a lo largo de diversas leyes. Entre otras ventajas, las personas con discapacidad acreditada tienen derecho a una serie de reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) considerando la condición de discapacitado del contribuyente o de ascendientes o descendientes de éste.
También están exentas del pago del impuesto de matriculación de los vehículos automóviles matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo y del circulación de los matriculados a nombre de personas con discapacidad.
Protección en doble sentido: pública e individual
La ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad de 2003 ofrece protección para las personas con una discapacidad igual o superior al 33% en un doble sentido: con carácter público, “para que no exista discriminación alguna en perjuicio de quienes sufren dicha discapacidad, fomentando con distintas medidas la discriminación positiva de los discapacitados en lo que resulte necesario” y, en un sentido más individual, a la esfera patrimonial.
