En los últimos 12 meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?
El 7,8 por ciento de los ceutíes dice que sí, que no ha podido seguir un tratamiento prescrito por un facultativo de Ingesa porque carecía de dinero suficiente para costearse ese fármaco.
Este porcentaje se traduce en que 6.843 personas de la ciudad autónoma –de las 87.728 empadronadas al cierre de 2017– tienen dificultades para hacer frente a sus tratamientos. Así se desprende del último Barómetro Sanitario correspondiente a 2017 y que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó hace escasos días.
El dato es preocupante porque Ceuta encabeza con Canarias el ranking de autonomías cuyos ciudadanos no pueden medicarse por falta de recursos económicos, en concreto, ocupa el segundo puesto a nivel estatal
Solo Canarias, con un 11,3 por ciento de su población en esta tesitura, está peor que Ceuta. Por debajo de la ciudad autónoma, a apenas unas décimas, está Andalucía con un 7,2 por ciento..
Después de que algunos fármacos dejasen de estar cofinanciados, entrase en vigor el copago para los pensionistas y las aportaciones del resto de ciudadanos se modificasen en función de sus ingresos, son muchos los pacientes que se vieron obligados a abandonar su medicación.
La media nacional es del 4,7 por ciento, muy por debajo de la cifra de ceutíes que no puede permitirse algún medicamento prescrito por su médico.
El Ministerio también sondea en la misma encuesta acerca de ese actual sistema de prestación farmacéutica, es decir, con que cada paciente pague los fármacos según su nivel de renta.
El 36,4 por ciento de los ceutíes opina que debería contemplar más tramos para que las aportaciones sean más adecuadas al nivel de renta de los pacientes; mientras que el 27,9 lo dejaría como está y el 26,2 por ciento apuesta por la vuelta al sistema anterior en el que los pensionistas no pagaban por las recetas y el resto sí.
Por condiciones socioeconómicas, los colectivos que pueden ir a la farmacia menos que el resto de la población son los parados con un 10,2 por ciento, los pequeños empresarios con un 5 por ciento y los empleados de oficinas y servicios con un 4,7 por ciento.
La mayoría espera más de dos meses para que le vea el especialista
El Barómetro Sanitario 2017 revela que el 25,1 por ciento de los pacientes tiene que soportar hasta dos meses de espera para que le atienda un facultativo especialista cuando es derivado desde su médico de cabecera en el centro de salud a Consultas Externas.
Un dato que el Ministerio de Sanidad publica en un momento en el cual los sindicatos y el Defensor del Paciente protestan al considerar que Ingesa comete una irregularidad por el cierre de las agendas de los especialistas que deja sin cita, hasta nueva orden, a un número significativo de usuarios.
Completan los primeros puestos de esta serie el 22,7 por ciento de los pacientes que tan solo espera un mes y el 19,3 por ciento que lo hace más de tres. Esa demora constituye uno de los aspectos que levanta más ampollas en la opinión pública.
Sanidad pregunta a la ciudadanía en su encuesta cuál ha sido la evolución del problema de las listas de empleo en el último año: el 53,8 por ciento considera que el problema sigue igual; para el 23,5 por ciento ha empeorado y el 8,3 percibe que mejora.
Ceuta lidera a las autonomías cuyos ciudadanos atisban un mayor estancamiento de la demora, seguida de Melilla, Galicia y Extremadura. Sin embargo, aquellas donde más ha empeorado el problema de las listas de esperan son Cataluña, Asturias y Melilla, por ese orden.
