“La casa sin barrer y el paciente por sanar”

Pronto parece haberse olvidado quienes eran aplaudidos y tuvieron un comportamiento ejemplar durante la COVID-19 y muy especialmente durante los días más aciagos de la pandemia. Al menos algunos parecen haber dejado de lado la gratitud para comenzar una “caza al médico”. En concreto a unos más que a otros. Ciertamente la participación en programas de radio de afamados reaccionarios atrincherados en rincones arcaicos de la más rancia ultraderecha no ayuda a que sintamos demasiada simpatía por algunos doctores que, queriendo o sin querer, parecen dar la razón a quienes indican que sus actuaciones demuestran su ideario político. Sin embargo más allá de eso está el derecho que asiste a cualquier trabajador a mejorar sus condiciones laborales, tanto económicas como de realización de su labor diaria.

El tema es calidoscópico y los principales afectados no son los profesionales de la sanidad sino los pacientes. Sin duda una situación que tampoco ayuda a ponerse del lado de los facultativos.

Lo expuesto anteriormente convive con el hecho de que la sanidad “africana” del estado español es la peor, según la Unión Europea, de toda España. Poseyendo, por si fuera poco, el récord negativo de ratios de médicos por habitante. La sanidad ceutí “hace aguas” desde décadas atrás y en este proceloso océano de desvaríos y olvido se ahogan pacientes y médicos. Pero los segundos viajan en primera clase en este “Titanic” asistencial ceutí y los primeros en tercera. Recordar que un billete de primera clase en el Titanic costaba 4350$ y en tercera 30$. Oír que las condiciones que provocan está falta de profesionales de la salud están directamente relacionadas con incentivos económicos nos pone la “piel de gallina”. Pero habrá que asumir de una vez por todas que este es el “nudo gordiano” que nadie se atreve a deshacer. Estoy convencido de que el tiempo junto a la UE lo resolverá, mas la cuestión trascenderá de lo pragmático y la imagen de la medicina ceutí quedará estigmatizada con su particular “letra escarlata”.

Por otro lado no deja de ser cierto que quien debe poner orden en este caos desatado es el Ministerio de Sanidad, y que con el INGESA a la cabeza parece que  utilizan los distintos grupos de trabajo y mesa sectorial para dilatar el problema y presionar a los médicos a la par que dar razones a la opinión pública en contra de la lucha legítima de los facultativos. No debemos olvidar que la principal reivindicación de los sindicatos médicos es la de atraer nuevos profesionales a la par que tomar medidas para mantener a los especialistas ya existentes.  La carga laboral actual, derivada de la insuficiente plantilla, se hace cada día más insoportable. Un ejemplo: en Ceuta se llegan a hacer hasta ocho guardias al mes, duplicando el número máximo establecido por las directrices europeas.

Otro dato objetivo es que se ha convertido en el conflicto sanitario más largo de nuestro país y aún continúa. Que no se va a solucionar llamando a los huelguistas “privilegiados, egoístas, irresponsables, sin vocación, peseteros, oportunistas, etc”, y además es innecesario e injusto el uso de comentarios peyorativos de esta índole. Habría que analizar caso por caso y no hacer casus belli contra un colectivo al completo.

La declaración de zona de difícil cobertura médica implica ciertas mejoras laborales como son: acceso a la formación continuada, reconocimiento, desarrollo profesional, mejoras retributivas asociadas al complemento de carrera profesional o mejoras en los procesos de movilidad voluntaria y selección de personal. Que redundaría también en beneficio de los pacientes. Lo que no mejora la salud de nuestros conciudadanos son las miles de consultas canceladas o los cientos de intervenciones quirúrgicas programadas no realizadas. El Sindicato Médico de Ceuta es plenamente consciente de que las cifras no pararán de aumentar y que no se otea en el horizonte una solución a corto plazo. Es evidente que hay que exigir una implicación absoluta, sensible y diligente por parte de la administración competente porque no podemos seguir “pagando las facturas de este divorcio” los ciudadanos y menos aún, los que necesitan de atención médica.