El Pleno de la Asamblea ha aprobado a instancias de la diputada no adscrita María del Carmen Vázquez, cuya propuesta original
fue enmendada por el PP, “instar al Ministerio de Justicia a la creación en Ceuta de
un Juzgado sobre Violencia contra la Infancia” y poner en marcha en su seno “una Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia”. Fuentes especializadas consultadas por este periódico opinan que, más que un Juzgado dedicado en exclusiva a ese tipo de causas, cuyo número es relativamente reducido, lo más necesario en la ciudad son “dependencias concebidas y diseñadas para atender a menores” a la de tomarles declaración, por ejemplo, y “personal con formación especializada para ese tipo de casos”. El referente que inspiró la iniciativa de Vázquez está en Las Palmas de Gran Canaria, donde desde hace algo más de un año todos los procedimientos penales abiertos por presuntos delitos con víctimas menores de edad van a un Juzgado en el que trabaja un equipo multidisciplinar conformado por el juez, el fiscal, dos médicas y una psicóloga forense y funcionarios de la Administración de Justicia, además de
investigadoras de la universidad. Es una experiencia piloto aprobada por el Consejo General del Poder Judicial en el que los niños no acceden a las instalaciones por la puerta principal y son conducidos hasta el espacio habilitado bajo la denominación ‘Juzgado contra la Violencia en la Infancia y la Adolescencia’ en el que, entre otros espacios, existe un área de esparcimiento, espacios para compartir con la familia...
Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia
Nada que ver con las frías y cerradas dependencias existentes todavía en el Palacio de Justicia de Ceuta, donde sí se practican desde hace tiempo las pruebas preconstituidas, que permiten a los menores no tener que realizar más que una declaración en todo el proceso. En el Juzgado canario también se encuentra una Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en la que trabajan dos médicas forenses. Según Vázquez, “cuando un menor es víctima de algún tipo de violencia lo habitual es que tenga que declarar ante la Policía, en el Juzgado, la Unidad de Valoración Forense si la hay...”. Esa ‘tortura’ es la que pretende suprimir también el modelo Barnahus (‘casa de los niños’ en islandés), un modelo de atención integral y flexible que impulsa desde 2018
Save The Children en España “donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender a la víctima evitando desplazamientos a los diferentes servicios implicados o repetir tantas veces la historia”. La primera se inauguró en Tarragona en 2020. En el territorio del Ministerio se va a implementar en Extremadura. De Ceuta tampoco aquí se sabe nada.