Hace unos meses se abrió un nuevo tiempo en nuestro país con la formación del Gobierno socialista. Una de las primeras declaraciones públicas del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez fue: “Mi firme compromiso de acabar con el horror de la violencia de género. No estáis solas.” (Junio 2018).
Para el PSOE garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas/os, es un objetivo prioritario. Condenamos absolutamente todos los actos de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos.
Este es un gobierno feminista comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia machista. Los primeros meses de gobierno han demostrado eficacia y celeridad para abordar esta lacra social.
El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado contra laViolencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos. Lo único que faltaba era voluntad política para aplicar aquel acuerdo, la voluntad política que no tuvo el PP.
De las palabras hemos pasado a los hechos. Del inmovilismo hemos pasado a la acción y hemos puesto en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un Pacto que estaba atascado desdehacía meses porla inacción del PP para destinar fondos y aplicarlas medidas, que este Gobierno ha acelerado al máximo desde el primer día. No seremos una democracia plena mientras existen mujeres amenazadas e inseguras y mientras algunas de estas mujeres acaben asesinadas. En la Reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 31 julio se acordó por unanimidad la gestión de los 100 millones de euros a las Comunidades y ciudades autónomas según los criterios acordados en el Pacto y se distribuyó el fondo procedente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5 millones de euros.
El 3 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley, ahora convalidado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, que: - Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género y establece el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los ayuntamientos son una pieza imprescindible en este batalla, el primer recurso, y en ocasiones el único, que tienen a su alcance las víctimas. El PP les quitó estas funciones a los Ayuntamientos y el Gobierno socialista selas ha devuelto.
- Modifica la Ley Integral contra la Violencia de género para mejorar la asistencia en los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia al introducir que la acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera se facilita el acceso a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social.
- Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género solo necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un maltratador no puede ser un buen padre.
Este es un Gobierno con un Ministerio de Igualdad y 17 ministerios trabajando por la igualdad. Y fruto de ese compromiso político, expresado desde el primer día, se reactivará el Observatorio de Salud de las Mujeres. También se han previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso escolar contará con asignaturas en valores y derechos de igualdad.
El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de ley para reformar de la Ley Orgánica del Poder Judicial y formar a los jueces y magistrados en materia de igualdad, así como para aumentar el número de juzgados de lo penal especializados en violenciamachista.
En el avance de los presupuestos para 2019, el Gobierno de España se ha comprometido a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto supone el incremento de un 10% en los Presupuestos, 220 millones de euros.Los Ayuntamientos pasan de recibir 20 en 2018 a 40 millones de euros en 2019.
En definitiva, consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia, eficacia, lealtad al Pacto de Estado y compromiso político.
La violencia de género notiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en una democracia consolidada. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro por el hecho de ser mujeres.
La violencia de género no es un asunto individual, ni un suceso, ni un caso aislado, sino un problema estructural de la sociedad que tiene su origen en el machismo.
Los poderes públicos tienen la obligación, conforme lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, de promoverlas condiciones para que la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad, dignidad y la no discriminación, sean reales y efectivas.
Esta responsabilidad requiere, además, la colaboración de todas las instituciones y poderes, y también muy especialmente de la sociedad civil. Que las mujeres, hijos e hijas, dejen de ser asesinadas es una responsabilidad institucional pero también colectiva.
Cumplamos todos con ella.