Estamos viviendo un verano especial. El primero tras el confinamiento provocado por el COVID que podemos andar con cierta libertad y sin la dichosa mascarilla. Pero también el primero en el que los registros de altas temperaturas superan todas las marcas. No se conocía una situación climática como esta desde hace muchos años. La sequía ha llevado a que nuestras reservas de agua embalsada hayan bajado hasta un alarmante 38%. Consecuentemente con esto, los incendios, cada vez más numerosos y peligrosos. La situación es sofocante. El enfado de la ciudadanía va en aumento. Una tormenta perfecta que facilita el terreno a los demagogos y catastrofistas. En estas circunstancias, me ha llamado la atención especialmente la carta de la vecina de una de los cientos de urbanizaciones que proliferan en los alrededores de la mayoría de poblaciones de nuestro país. Urbanizaciones que se construyeron muchas de ellas durante la fiebre del ladrillo de hace unas cuantas décadas. Primero, como segundas residencias. Después, como única residencia, cuando se mejoraron las carreteras y se abarató el transporte. Mientras que la situación económica fue buena, no hubo problemas. Cuando apareció la crisis, comenzaron a surgir los “vicios ocultos”. La carta en cuestión dice lo que sigue: “…Llevamos más de 3 semanas abasteciéndonos de agua solo varias franjas al día. Algunos, ni siquiera un poco de agua en esas franjas horarias. Al no tener agua en grifos, el agua caliente sanitaria tampoco funciona. Nos duchamos en casa de las abuelas en otros municipios. La lavadora, o el lavavajillas, no funcionan porque el caudal cuando hay agua es mínimo. El hedor de las cañerías es insoportable e insalubre. La no circulación de agua ha estancado aguas residuales de mi vivienda y viviendas cercanas. Y como consecuencia, el olor de estas es horrible…. Durante todo el año, pagamos puntualmente los recibos de agua a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización..., que es la responsable del abastecimiento de agua domiciliaria, según estipulan los Estatutos de su constitución, en su artículo 3. ….. También conozco la situación de uno de los pozos de agua, cuyo suministro de agua no estará restablecido hasta dentro de 3 o 4 semanas. Aunque no es momento de buscar culpables, si la Junta Rectora hubiera llamado a técnicos especialistas para analizar la situación de este antes del verano, quizás no habríamos llegado a la situación actual. Mientras tanto, seguiremos padeciendo esta situación desesperante. El señor alcalde nos prometió que el Ayuntamiento se haría cargo de la gestión del ciclo integral del agua de la urbanización, sin que se haya producido nada de esto hasta el momento. Son muchos años esperando solución a un problema que no es nuevo, que cada verano se agrava. Considero que las promesas incumplidas del alcalde …. y la dejadez de la Junta Rectora de la Entidad…, nos ha llevado a esta situación. Si el alcalde hubiera cumplido con su palabra, puede que hoy hubiera agua. Si el ayuntamiento en estos últimos 20 años hubiera exigido a los promotores que cumplieran con sus obligaciones, seguro que no estaríamos así. Como vecina, creo que es hora de exigir responsabilidades a quien tenga responsabilidad en este asunto. Y exijo se nos dé una solución que funcione a largo plazo. Además, exijo que el Ayuntamiento cumpla….y pague la deuda que tiene a consecuencia de la Sentencia del TSJA. Que la Entidad de explicaciones convincentes de los acuerdos a los que ha llegado con el Ayuntamiento y nos muestre los documentos en los que se han plasmado los mismos y que se nos diga con claridad cuánto costará restablecer el pozo averiado y quién asumirá su coste…”. Hace unos años, en un estudio estadístico que realizamos para presentar en un congreso, llevé a cabo una práctica para analizar el volumen de aguas residuales tratadas por Comunidades Autónomas y años, poniéndolo en relación con la superficie construida. Mi interés por este asunto surgió a raíz de la lectura de un informe de la OCDE de 2004, revisado en 2008, en el que se indicaba que durante el período 1980-2000 en España se había logrado disociar la extracción de agua dulce del crecimiento económico, al haber bajado un 3%, frente a un incremento del 7% del PIB. Sin embargo, también se reconocía que el crecimiento económico había conducido a un aumento de las presiones sobre el medio ambiente, tanto en lo relativo a contaminación, como al uso de los recursos naturales como el agua o el suelo. Concretamente se indicaba en el estudio que el aumento de las llegadas de turistas internacionales en un 52%, así como la construcción a un ritmo de 700.000 alojamientos nuevos al año, la densidad de población en las regiones costeras y en las islas (donde vive casi el 60% de la población) eran parte del problema. De aquí se derivaban problemas como el elevado uso de agua, el consumo desigual entre comunidades, o el bajo nivel de tratamiento de aguas residuales, que se había agravado como consecuencia de la sobreexplotación urbanística de zonas costeras, así como de la falta de recursos para su depuración. En concreto se indicaba que España no podría cumplir la Directiva de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales en 2000. Y se avanzaba que sólo Comunidades como Madrid o Navarra estarían en condiciones en 2005 de cumplirla. Asimismo indicaba que grandes núcleos de población, como Barcelona, Coruña, Cádiz o San Sebastián, carecían de sistemas adecuados de depuración. Es decir, la importancia del agua como bien escaso, así como de la depuración de las aguas residuales, por su impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud humana, estaba fuera de toda duda. Lo que se comprobó en nuestro estudio fue que, aunque el tratamiento de aguas residuales a nivel nacional había mejorado, sin embargo, había una gran variabilidad por Comunidades Autónomas y años, con importantes problemas de salud pública, fundamentalmente en las zonas costeras y de mayor presión urbanística. La carta de esta madre desesperada ante la persistente falta de agua en su vivienda vuelve a sacar a la luz el grave problema que supone para el medio ambiente, la proliferación de megaproyectos urbanísticos, sin valorar adecuadamente las necesidades reales de la población y la situación de nuestros recursos naturales, en general, y particularmente de un recurso cada vez más escaso como es el agua. De momento, no podemos más que solidarizarnos con la situación de estos vecinos y manifestar que es necesario estar alerta con estos proyectos y oponernos con todas nuestras fuerzas y recursos a aquellos que no obedezcan más que a intereses especulativos de sus promotores. La situación de cambio climático y la del propio planeta lo reclaman.