Con motivo de su reciente visita a la barriada O'Donnell, hemos leído y oído con perplejidad y preocupación sus declaraciones acerca del aumento de las obras que se irán desarrollando en la ciudad.
Al decir que "alcanzamos unos niveles equiparables a los que teníamos en la época de bonanza económica", no podemos dejar de recordar aquella desahogada situación presupuestaria de la primera década del siglo XXI, la cual propició que la Ciudad y sus sociedades (PROCESA, EMVICESA...) invirtieran notablemente en Ceuta licitando un amplio número de obras y proyectos, a cuya ejecución y redacción se podía optar en libre concurrencia.
La crisis económica de 2008 llegó a Ceuta dos años más tarde y aún perdura, afectando gravemente al gremio de la construcción en nuestra ciudad por los problemas derivados de la quiebra de promociones y promotores, por la falta de inversión de la Administración y por las restricciones a la contratación de las PYMEs.
La eterna revisión del PGOU de 1992, iniciada en 2005 y sin que en la actualidad tenga aún fecha prevista para la aprobación definitiva, está suponiendo un impasse para la construcción en Ceuta y una difícil actuación al amparo de ese vigente Plan General, por la voluble interpretación de la normativa y las continuas excusas de compatibilidad con el futuro (¿?) Plan que aducen los técnicos y jurídicos municipales.
El convenio suscrito a finales de marzo entre la Ciudad de Ceuta y el Grupo TRAGSA, mediante el cual se ha formalizado el procedimiento de las encomiendas de gestión (aunque la compra de la acción que lo legitima no se ha hecho efectiva hasta el 18/09/2017), viene a darnos la puntilla a los constructores y a los arquitectos por la imposibilidad de acceder a las obras y proyectos que la nueva 'bonanza económica' de la Ciudad permite, pues implica su renuncia a la licitación abierta en aras de unas supuestas garantías (técnica, de calidad, plazo y precio), fácilmente refutables –como se ha venido demostrando–, y ello sin olvidar que las encomiendas no se ajustan a las funciones que asigna el apartado 4 de la disposición adicional 25a del TRLCSP a las sociedades del Grupo TRAGSA, tuteladas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de las que quedan fuera todas aquellas actuaciones que no sean la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medioambiente o atención a emergencias, como viene denunciando este Colegio.
Por todo ello, desde la profunda inquietud del COACE por su futuro inmediato, ante la sinergia negativa que sufrimos los arquitectos desde hace casi una década, queremos recordarle, Sr. Presidente, que esta institución colegial representa a un buen número de técnicos ceutíes que antaño trabajamos para esa Administración y hemos seguido aquí, soportando esta durísima situación en nuestro sector, en época de 'vacas flacas'. Y ahora que vuelven las 'gordas' al amparo de los Presupuestos de la Ciudad, con un Plan de Inversiones creciente hasta el final de la legislatura, vemos con asombro cómo, desde la Administración que preside, se prefiere encomendarle el trabajo al Grupo TRAGSA en lugar de licitar las obras y proyectos para que podamos optar en libre concurrencia los constructores y los técnicos locales.
