“En estos momentos la Ley prohíbe que nadie entre en la Administración, ni en las empresas municipales y organismos autónomos, porque hay una tasa de reposición cero que sólo admite como excepción la Policía Local con un diez por ciento”, indicó. “Carracao debe saber esto, en la Administración no puede incorporarse nadie más”, sentenció.
El portavoz del Ejecutivo puso de manifiesto que ni siquiera, en el hipotético caso de que hubiera una baja masiva en el 112, tampoco se podría efectuar contratación alguna. Recordó además que existe un proceso para acceder a cualquier puesto en la Administración. Así, en el caso de existir una mejor disponibilidad económica y permitirse las contrataciones que ahora están vetadas, éstas se harían por otros cauces, por una oposición, ya que “ninguno” de esos cauces “es el de tener dificultades de cobro en una empresa privada”, concretó. “Si fuese así”, espetó, “cualquiera tiene ese derecho y todos nos habríamos sentido alguna vez en el derecho de pedir la misma solución, con lo que en esta ciudad acabaríamos siendo 85.000 funcionarios y yo no sé si esto en Gibraltar se hace pero aquí no se va a hacer”.
La propuesta que hizo público el pasado jueves el secretario general del PSOE pretendía la integración de los teleoperadores del 061, que llevan cuatro meses sin cobrar, en el servicio del 112. Dicha propuesta no se había basado en ninguna valoración económica y según el PSOE es la única fórmula posible ante un servicio “esencial” como el que prestan estos trabajadores, pretendiendo así que sea la Ciudad la que asuma este servicio.
“En estudio está la carga presupuestaria que eso supondría para la Ciudad, pero vemos que es posible”, decía Carracao, que defendió la “experiencia, cualificación y responsabilidad” que atesoran los ocho teleoperadores del 061. “No se les está pagando pero tienen una responsabilidad mayúscula a la hora de realizar su cometido, incluso jurídico”, recuerda.
El dirigente socialista se mostró muy crítico con la administración sanitaria porque ha permitido que este servicio esté en precario al depender de una empresa privada. “Eso es lo que no se puede permitir, porque tiene que estar amparado desde lo público para evitar que se produzcan cosas como éstas, con una empresa adjudicataria que mantiene impagos a su plantilla”. La Ciudad, según el PSOE, debería asumir a estos trabajadores como personal laboral “porque tienen experiencia y son trabajadores cualificados. No sirve cualquier teleoperador para sustituirles”, apuntó.
Cuatro meses sin cobrar y siguen trabajando
El equipo de teleoperadores del 061 llevan ya cuatro meses sin cobrar. La única comunicación que han recibido del Ingesa es que se les iba a intentar buscar una solución, pactando el servicio con otra empresa. Pero de aquellas promesas a la realidad, nada de nada. Han denunciado su situación en todos los ámbitos que han podido, pero de momento no les llega solución alguna. Incluso valoran convocar una huelga. La plantilla sigue trabajando, realizando un servicio clave porque son los que desvían las llamadas de urgencias que llegan directamente al servicio médico para que acudan los sanitarios.
