Carreira fue ayer muy categórico a la hora de hablar de la situación por la que están atravesando las Brigadas Cívicas de la barriada Príncipe Alfonso como consecuencia de los problemas que la Asociación de Vecinos de la Barriada
está teniendo con Intervención a la hora de justificar determinados gastos del convenio que existe y que está en vigor.
Fue muy claro al confirmar que el dinero público es sagrado “y si se ha utilizado mal lo que se debe hacer es devolverlo y que si se quiere continuar cobrando hay que justificarlo”. Desde el mes de julio del año pasado los trabajadores de estas Brigadas Cívicas son quienes están pagando, de alguna manera, el conflicto que está abierto entre la Intervención de Fondos de la Ciudad Autónoma y la Asociación de Vecinos, ya que como queda establecido no se puede abonar ni un solo euro, mientras no se justifiquen los gastos.
La labor que ejecutan estos empleados de la Brigadas Cívicas ha sido siempre muy elogiado por parte del equipo de Gobierno, ya que es un apoyo muy importante para el conjunto de las actividades que allí se desarrollan.
Los integrantes de las Brigadas Cívicas protestaban hace un par de días en nuestro periódico que incluso instaron a la Ciudad a derogar “de forma inmediata” el convenio suscrito y renovado con la Asociación de Vecinos, y que los fondos presupuestados para el presente ejercicio de 2014 “se concedan a otra entidad social que los gestione al objeto de seguir prestando este servicio esencial, y que los diez trabajadores podamos seguir ejerciendo nuestra labor”, reclamaron.
Lo que sí es cierto es que se trata de un contencioso que ya lleva coleando muchos meses y desde la misma Asociación de Vecinos no son capaces, por lo visto, de lograr solucionar el problema y de aportar todos los justificantes que les han solicitado desde la Intervención.
“Se paga a medida que se justifica”
El propio consejero del área, Gregorio García Castañeda, aseguraba ayer a El Faro que su departamento está cumpliendo “escrupulosamente” con los trámites establecidos y que el problema, en definitiva, es sólo de plazos. “Tenemos un convenio firmado con la Asociación de Vecinos, que va cobrando las cantidades estipuladas cuando van presentando la documentación necesaria. Pero si Intervención no cuenta con todos los justificantes no puede ordenar el pago. En cuanto se van presentando, se van abonando sin ningún problema”, explicaba hace unos días a este periódico el consejero, que insistía en que es el colectivo vecinal el que debe presentar la documentación que justifique el uso de las cantidades que libra su departamento. “Mientras no se acredite, no se puede pagar. La ley es para todo el mundo igual”, subrayó. Sí está claro que por parte del equipo de Gobierno se está haciendo todo lo posible, pero lo que no se puede es contravenir la ley, asegura.
La Ciudad, satisfecha con la cúpula funcionarial
Desde el Gobierno se viene manteniendo que se está satisfecho con el trabajo que están realizando los funcionarios que están desempeñando los cargos de secretaria general, interventor y tesorero.
El mismo Carreira indicaba ayer que no tenían ninguna urgencia en que se produjeran los cambios, “algo que, por supuesto, no entenderán otros partidos políticos”. De todas maneras, advirtió de que con la entrada de la nueva ley de Reforma de Régimen Local, si alguien les conminaba a que se convocaran las plazas lo harían, pero de acuerdo con la legislación “porque lo que no vamos a hacer nunca es contravenir el cuerpo legal”.
