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Desde su punto de vista ha quedado demostrado que el traslado de los vehículos a un depósito privado se hizo de manera legal
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Para MDyC se destaca que se mantiene su creencia de posible prevaricación
El mismo Carreira al comienzo de su declaración ya señaló que nada más que respondería a las preguntas que le hicieran tanto la fiscalía como su propio letrado, mientras que se negaba a las que le pudieran hacer tanto la magistrada que entiende el caso como la de la acusación particular que está representada por MDyC y en esta ocasión ha sido el diputado de la Asamblea y letrado, Reduan Mohamed.
Para el máximo responsable de esta Consejería se indicó que “desde mi punto de vista se trata de un error el que ha realizado MDyC con la presentación de la denuncia, pero la verdad es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse”.
A lo largo de todos estos meses en que se ha hablado en más de una ocasión sobre la polémica de la retirada de los vehículos, Carreira siempre ha sentenciado que la decisión y que se tomó y que las órdenes que emanaron de sus competencias como consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad siempre habían tenido a la ley y al interés general de los ceutíes como prioridades.
El propio consejero no quiso ser más explícito y le dijo a los periodistas que habían permanecido esperando los 90 minutos que había durado su permanencia en el interior de los Juzgados que “ahora me perdonarán, pero voy a seguir preocupando por mis quehaceres diarios dentro de las competencias que tengo asignadas en la Consejería”.
En desacuerdo
Sin embargo, el diputado de MDyC, Reduan Mohamed, no era de la misma opinión y a su salida, indicó que no estaba de acuerdo con la decisión que había tenido Carreira de no responder ni a sus preguntas, ni a las del juez. Sin embargo, de las opiniones que demostró en su declaración “seguimos confirmando todos los extremos de la denuncia que presentamos en su momento, es decir, seguimos creyendo que hay un presunto delito de prevaricación”. Desde su punto de vista, no era nada legal, que se adjudicara el traslado de los vehículos “a dedo, de una manera que no era legal, porque se avanzó que se debía a un motivo de necesidad y sin embargo no había ningún informe que lo justificara”. Para Mohamed se podría añadir una segunda denuncia, en este caso, de malversación de caudales públicos si se demostrara que existió trasvase de dinero público a esta empresa.
Recordó que al mes de presentar la denuncia su partido político resultó que entonces la Consejería publicó la licitación de este servicio y al final, después de todos los pasos, se adjudicó a una empresa que no era la misma que a la que se le entregó “a dedo”.
También recordó que en el escrito que ellos presentaron ante la Fiscalía también pedían responsabilidades tanto al presidente Vivas como al consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, pero que están a la espera de que por parte de la juez que lleva el caso se determinen los pasos a seguir, una vez que quede analizada la declaración de Emilio Carreira. Como tema anecdótico es que a lo largo del presente año han acudido a los Juzgados el cincuenta por ciento de los integrantes del Gobierno del presidente Vivas. Dos de ellas ya no se encuentran dentro del Ejecutivo como son Susana Román y Rabea Mohamed. Y en estos dos últimos días han sido los responsables de Gobernación y Medio Ambiente los que han tenido que asistir a prestar declaración.
Manifestaciones de la acusación particular
La acusación particular que la lleva el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, la representó ayer el diputado Reduan Mohamed, quien indicó que tras las afirmaciones de Carreira seguían convencidos de la comisión de un presunto delito de prevaricación.
