Categorías: Política

Carracao insiste en la privatización sanitaria y González le acusa de mentir

El PSOE y el PP siguen distanciándose aún más, si cabe, en sus augurios sobre el futuro de la sanidad pública. En ese abismo que se ha abierto entre ambas formaciones, agudizado tras la salida al escenario de las ya famosas unidades de gestión clínicas, lo que para los socialistas es la punta del iceberg que oculta el arranque de un supuesto proceso privatizador para los populares no es más que un simple estudio que busca rentabilizar recursos, reorganizar efectivos y mejorar la eficacia del servicio que se presta a los ciudadanos.
Un día después de que ambas formaciones protagonizaron un intenso debate en la sesión plenaria del martes, en el que también terció Caballas, ayer el secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, compareció antes los medios de comunicación para anunciar que su partido ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que persigue “el blindaje de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”. Lo ha hecho, de nuevo, a través de los diputados socialistas Gaspar Zarrías y José Martínez Olmos, a los que considera “de referencia” para la defensa de los intereses de ambas ciudades en la Cámara Baja.
En el escrito, para el que Carracao exigió ayer respuestas “del Gobierno o de la ministra”, el PSOE rechaza cualquier “modificación en la gestión sanitaria [en Ceuta y Melilla] que suponga su externalización o privatización”. El punto de partida, insiste la formación, son “las recientes informaciones que apuntan a la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad estaría valorando un eventual cambio en la gestión de los servicios sanitarios” en ambas ciudades. Una circunstancia que, sostiene, ha provocado que “muchos colectivos sociales y sanitarios hayan expresado su preocupación ante la eventual privatización de la gestión sanitaria en los servicios públicos de sus hospitales y centros de salud”.
Carracao animó al diputado y los senadores del PP por Ceuta a “plantear iniciativas que alejen la inquietud ciudadana” y se preguntó por qué si no hay intento de privatización se encargan los estudios a empresas situadas fuera del ámbito público.
La respuesta llegó ayer desde la Delegación del Gobierno. Francisco Antonio González aseguró que “el PSOE está mintiendo, o  miente o está criticando a sus compañeros de Andalucía”, para insistir en que “en Ceuta no se va a privatizar la sanidad porque las unidades clínicas de gestión” no tienen ese objetivo. “La sanidad será pública y su personal también, lo que se va a hacer es que los propios trabajadores del Ingesa organicen áreas”, subrayó antes de resaltar que “lo más importante, lo que ha salido a concurso, ha sido una consultora de Indra que va a a estudiar la viabilidad” de esa gestión. “A mí me parece que hay quien quiere ir tan deprisa que no va a llegar a las elecciones, porque se les va a caer todo el chiringuito antes de que lleguen. Ellos sabrán”, ironizó.

“Limpiar y ordenar el Tarajal”

José Antonio Carracao insistió ayer en su tesis de que el desorden “a todos los niveles” en el que está sumido el polígono del Tarajal obliga a “limpiarlo y ordenarlo”. ¿Cómo? A su juicio, ese proceso debería incluir la “limpieza física, pero también de las corruptelas a todos los niveles”, ratificando así la acusación que ya lanzó la pasada semana. En esta ocasión tampoco matizó quién podría estar cometiendo las supuestas ilegalidades. “Si tuviera pruebas más contundentes iría a la Justicia”, subrayó. Sí respaldó el líder de los socialistas ceutíes la operación de la Agencia Tributaria, en la mañana del martes, en el Jato contra el almacenamiento ilícito de mercancías al asegurar que “se reacciona a proposiciones que hemos planteado”. No hay encuentro, sin embargo, con la Ciudad, a quien afeó, en la persona de su presidente, Juan Vivas, que no haya atendido aún su petición de convocar de manera urgente la Mesa de la Economía para afrontar las quejas de los empresarios de la zona o estudiar la creación de una unidad de la Policía Local que controle el tránsito y origen de las mercancías. “Vivas y el Gobierno tienen que implicarse”, advirtió.

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