El Gobierno de Cantabria ha decidido acudir a la vía judicial para frenar el traslado de dos menores inmigrantes no acompañados desde Ceuta a su territorio, ordenado a comienzos de octubre por la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.
Según la publicación de eldiarioalerta.com, la administración regional sostiene que las decisiones se adoptaron "sin su consentimiento previo", lo que, según sus servicios jurídicos, constituye una vulneración de competencias autonómicas.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, explicó que su departamento "no había recibido comunicación oficial alguna" sobre estos traslados y criticó la gestión del Ministerio: "Se ha producido una falta de coordinación y transparencia por parte del Gobierno de España".
El informe jurídico que sustenta los recursos considera que las resoluciones de Ceuta invaden competencias autonómicas. Además, los procedimientos incluyen la impugnación indirecta de las normas estatales que sirvieron de base a las decisiones, ya recurridas de manera directa por Cantabria.
Los servicios jurídicos del Gobierno regional han presentado dos recursos contencioso-administrativos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, impugnando las órdenes fechadas los días 1 y 2 de octubre.
En esos documentos, el Ejecutivo cántabro sostiene que las resoluciones vulneran el principio de autonomía competencial reconocido por la legislación española. Además, ha incorporado una impugnación indirecta de las normas estatales que sirvieron de base a las órdenes de traslado, normas que la comunidad ya había recurrido por la vía administrativa.
La actuación se apoya en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley 11/2006 de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico de Cantabria, que faculta al Ejecutivo regional para defender sus competencias ante los tribunales.
El enfrentamiento entre el Gobierno central y varias comunidades por la reubicación de menores inmigrantes lleva meses generando tensiones. En el caso de Cantabria, ya se habían tramitado trece expedientes de traslado desde Ceuta, aunque hasta ahora solo tres resoluciones habían sido formalmente aprobadas.
De acuerdo con la información de la Consejería de Inclusión Social, una de esas tres afectaba a un joven que ya había alcanzado la mayoría de edad, lo que redujo los traslados efectivos a dos. Precisamente, son esas dos resoluciones de octubre las que ahora han sido recurridas judicialmente.
Gómez del Río recalcó que la actuación del Gobierno central afecta directamente a la gestión autonómica de los menores: "Estas decisiones se adoptan sin nuestro consentimiento y vulneran nuestras competencias en materia de protección y tutela".
En las resoluciones impugnadas se establecía un plazo de cinco días para que los menores fueran trasladados desde Ceuta hasta Cantabria. Sin embargo, dos semanas después, el traslado no se había materializado, según fuentes del propio Gobierno autonómico.
Con la presentación de estos recursos, el Ejecutivo regional busca paralizar el proceso y sentar un precedente jurídico que delimite claramente las competencias estatales y autonómicas en materia de tutela de menores inmigrantes.
El caso se suma a la creciente lista de discrepancias entre el Estado y las comunidades en la gestión del acogimiento de menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias, un asunto que continúa generando debate político y jurídico en todo el país.
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