El Gobierno estudia ya cuál va a ser la fórmula elegida para la reestructuración del Ejecutivo después de acatar la sentencia del Tribunal Supremo como medida preventiva, aunque sin cerrar la puerta a la decisión final de un órgano ante el que van a presentar recurso. Los cambios serán profundos porque todo debe volver a reorganizarse, existiendo la posibilidad de que no se pueda contar con todas las personas que han formado parte, hasta el momento, de las viceconsejerías y repartiendo el trabajo entre las distintas áreas que obran en manos de los consejeros. Algunos han interpretado esto como un revés, y otros han lanzado las campanas al vuelo hablando de crisis de gobierno o exigiendo medidas, como hizo el PSOE, un partido que acostumbra ya a dar demasiados bandazos sin saber qué rumbo claro seguir. Un día aprueban la gestión popular, otro día sorprenden con cambios de última hora maquillados; y otro arremeten contra su propio partido criticando abiertamente a la delegada del Gobierno en Ceuta. El hecho es que en los próximos días el propio presidente deberá comparecer para informar sobre la estructura de gobierno sobre la que deberá trabajar, adaptándola a una realidad que no debemos obviar: una decisión judicial que supone una clara merma en la esencia autonómica y cuestiona qué es realmente Ceuta.
Algunos han querido ver pájaros donde no los hay, y es precisamente en estos momentos cuando hay que dejar a quien sabe actuar como debe hacer.
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