La quema de coches de forma intencionada lleva años siendo uno de los graves problemas existentes en Ceuta. En 2014, diez atrás, la ciudad llegó a ser uno de los territorios del país donde más vehículos calcinaron de forma premeditada. Las estadísticas de ahora son mejores aunque el daño persiste.
En el recién finalizado 2023 la Policía Local llevó a cabo 116 actuaciones relacionadas con vehículos calcinados acompañando a los Bomberos. En 2022 la cifra fue de 169. El descenso en un 31,4% es un hecho objetivo pero también lo es que no se ha conseguido erradicar una delincuencia sostenida sobre distintas causas.
En muchos de los casos las quemas tienen una relación directa con los enfrentamientos y venganzas entre personas asociadas a la delincuencia, también con el resultado de las advertencias que se dan. En otros han aflorado intentos de estafa al seguro o problemas sentimentales entre parejas rotas.
La situación es bien distinta en los casos de quemas de contenedores, en donde el puro vandalismo prevalece y el daño económico a las arcas públicas es evidente.
El año pasado la Policía intervino en 100 actuaciones relacionadas con quemas de contenedores acompañando a los Bomberos (son salidas asociadas a este tipo de sucesos pero no significa que sea el número concreto de depósitos destrozados). En 2022 fueron 141.
Policialmente se han llegado a organizar dispositivos con agentes de paisano en incursiones temporales por barriadas. Las medidas generaron un impacto mediático en forma de titulares por sucesos concretos pero no han erradicado una tipología de episodios asentada.
La Consejería de Gobernación ofreció su colaboración al CNP no solo con efectivos de la UIR de apoyo sino con el empleo de drones. Clave resulta el funcionamiento de las cámaras encuadradas en el plan ‘Ciudad Segura’, tanto que grabaciones obtenidas han sido determinantes para esclarecer algunos de los episodios más convulsos de la crónica de sucesos local.
Tal y como han confirmado fuentes oficiales, se está culminando el trabajo de mantenimiento del sistema Safe City con la adquisición de cámaras y material vandalizados. Actualmente se encuentra en funcionamiento un porcentaje muy elevado de esas cámaras y la totalidad de los paneles informativos.
En cifras, se trata de casi el 90% de las instaladas (alrededor de 60), en el caso de los paneles informativos el 100%.
La red de cámaras ‘Ciudad Segura’ falló cuando no debía hacerlo. Los visores inteligentes conectados a través de una red de 25 kilómetros de fibra para monitorizar toda Ceuta no sirvieron para arrojar luz en los últimos incendios forestales de gravedad. Tampoco sirvieron de enganche para que la Policía esclareciera delitos como las continuas quemas.
Ahora la Ciudad está a punto de finiquitar el buen funcionamiento de esa red amén de que se ha ultimado la contratación de suministro e instalación de nuevos terminales, accesorios y equipamiento para el sistema de radiocomunicaciones Tetra.
Con toda esta arquitectura de medios se pretende cooperar en la respuesta dada ante sucesos que generan un gran impacto en el ciudadano por el alcance que pueden tener los mismos amén de los daños que causan en la sociedad.
La quema de un vehículo puede tener consecuencias que van más allá del efecto que tenga en el propietario, consecuencias como la generación de daños en espacios comunes o en bienes de otros vecinos. Sucedió hace unas semanas en la barriada de Juan XXIII cuando la quema de dos motos causó problemas en el abastecimiento de agua a algunos de los vecinos.
Ha ocurrido también cuando las quemas se han producido dentro de garajes, generando daños en las instalaciones usadas por todos los residentes del bloque afectado.
Con los contenedores sucede igual. Las quemas de estos depósitos generan gastos a las arcas públicas pero además dejan a las barriadas sin los depósitos para dejar los residuos generándose un problema de salud pública.
Las estadísticas evidencian una mejora en la situación pero no arrojan luz sobre la posibilidad de terminar con la problemática.
Los medios y el aumento de recursos ayudan pero no se erigen en la solución paliativa definitiva.
En los dos últimos años la Consejería de Gobernación ha desarrollado accciones para modernizar y mejorar los recursos de la Policía. Se han recepcionado y están funcionando 8 patrulleros por importe de 262.200 euros. También 14 nuevas motocicletas por importe de 200.000 euros. Asimismo 4 furgones por importe de 251.999 euros.
Esta inverión se completará con la renovación de patrulleros con la licitación de suministro de 15 nuevos vehículos patrulla (por 555.000 euros) ya adjudicados con lo que se renueva la totalidad de la flota de vehículos de la policía local.
El número de actuaciones llevadas a cabo es menor que en relación a 2022 pero sigue siendo una tipología delincuencial que persiste. Sucede también con los contenedores, objetivo de quemas en menor cantidad pero constante.
El proyecto ‘Safe City’ se puso en marcha para disponer de una red de cámaras que controlara la ciudad, el problema quedó evidenciado con el no funcionamiento de muchos de estos visores. Ahora se ha conseguido reactivar prácticamente el 90% de las cámaras. Su empleo resulta determinante en muchas de las operaciones policiales llevadas a cabo hasta la fecha.
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