El calvario de un ceutí con un perro alérgico a la vacuna de la rabia

El foco de rabia declarado a mediados de octubre en Ceuta genera complicaciones menores, pequeños quebraderos de cabeza a casi cualquier propietario de una mascota, y grandes quebraderos de cabeza. La norma, sin embargo, es igual para todos, inflexible. Lo ha comprobado en primera persona el dueño de ‘Lufy’, un Jack Russell Terrier de once años de edad que, entre otras complicaciones de salud, no puede recibir la vacuna de la rabia desde 2019, tal y como acreditan los informes de su veterinario en la ciudad autónoma, por alergia.

Su dueño embarcó anteayer a las 17.30 horas con destino hacia Sevilla para someter al animal a una revisión de otras patologías. Consciente de los controles impuestos tras la detección de un caso de rabia en Ceuta, hizo acopio de todos los dictámenes sobre las circunstancias del animal y superó sin complicaciones los controles de la Guardia Civil en la Estación Marítima.

Los problemas comenzaron al otro lado del estrecho, cuando en el filtro de la Benemérita en Algeciras los funcionarios del Instituto Armado de servicio no aceptaron sus documentos para continuar camino. Cuatro horas pasó allí, entre la espada y la pared, con un papel que le daba a elegir entre sacrificar directamente al can “sin derecho a indemnización previo pago de los gastos correspondientes” o regresar “a su país”, en referencia a Ceuta, de inmediato.

La disyuntiva planteada parte de la aplicación estricta del Reglamento 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y al que se remite el decreto de la Consejería de Sanidad del pasado 19 de octubre.

Las opciones que recibió fueron volver “a su país”, a Ceuta, o pagar y matar al perro

En su artículo 35 estipula que cuando en los controles se aprecie “que un animal de compañía no cumple las condiciones establecidas”, la autoridad competente, previa consulta con el veterinario oficial, y, cuando sea necesario, con el propietario o persona autorizada, decidirá entre la devolución, el aislamiento bajo control oficial “durante el tiempo necesario para que se ajuste a las condiciones” o el sacrificio. No hay más opciones ni salvedades.

La consulta evacuada por el personal sobre el terreno en Algeciras al Servicio Veterinario Oficial obtuvo como respuesta: “Prevalece la Salud Pública a la enfermedad particular del animal, por lo que no cumple la normativa europea”.

El dueño de ‘Lufy’ quiere evitar, “sobre todo”, que “cualquier otro ceutí” tenga que pasar por su misma odisea. “La semana pasada pude salir a por el pienso especial que necesita el animal, por lo que la sorpresa con lo sucedido fue todavía mayor”, explica.

“Aporté todos los documentos de mi veterinario oficial colegiado de Ceuta para poder llevar al animal a una clínica de Sevilla y no podía entender por qué si unos días anteriores se podía viajar con esos mismos certificados ahora ya no”, relata el propietario del animal, que lamenta que la ciudad sea tratada “como un tercer país” a estos efectos.

“Lo que pasé en Algeciras fue tremendo: con escolta policial hasta el barco, acusándome de intentar fugarme cuando otro funcionario me había instado a sacar billete de vuelta cuanto antes, prohibiéndome hasta sacar al perro del coche tras varias horas en él aunque sólo fuese para beber, algo que no puede hacer sentado...”, expone.

“Prevalece la Salud Pública a la enfermedad particular del animal”, se dictaminó

El ceutí “no puede entender” que “no exista un procedimiento para dar respuesta a un caso singular como este en el que un animal que no puede recibir la vacuna por dictamen veterinario, pero tiene inmunización a sus 11 años, reciba autorización para ir a un viaje imprescindible”.

Sólo tras la intervención de un veterinario surgió una tercera opción al regreso o la muerte de ‘Lufy’: “Quedarnos en Algeciras y que mi centro veterinario de Sevilla enviase un compromiso asumiendo cualquier responsabilidad sobre el animal sin poder comer ni tomar su medicación”, precisa.

“Al final me aconsejaron volver para evitar males mayores, aunque para lograrlo a las 22.30 horas me trataron como a un delincuente pese a que les dejé hasta las llaves de mi coche y al animal mientras iba a comprar el billete, como me habían dicho”, cuestiona el afectado, que cree que “la información a la ciudadanía sobre los requisitos exactos para viajar debería ser mejor” y que “la legislación aplicable tendría que contemplar excepciones razonables y debidamente acreditadas, como es el caso, para poder desplazarse”.