“Callar no es una alternativa”

Cuán cierto es que, como dice el refrán, “la verdad amarga y la mentira es dulce”. Tal vez por ello, en nuestra sociedad, la española, los debates sobre cuestiones que importan a todos se han obviado. No hay debates públicos en los que se expongan sobre el tapete los pros y los contras de la materia a debatir. Pero que se expongan de una manera civilizada, razonada y argumentada, sin descalificaciones personales, sin agresividad y sin amenazas. Acaso sea debido al carácter bilioso y rencoroso del ciudadano español y a su talante de no admitir que el otro lleve razón, pues ello le conduciría a abdicar no sólo de sus posturas, sino de su identidad, incluso, pudiera ser que los argumentos del otro constituyeran una amenaza a la propia autoestima.
A este respecto, la inmigración –legal e ilegal– es un fenómeno que no se abordó a su debido tiempo –finales de los 90– de una manera explícita, señalando que, como todo hecho humano, tiene dos caras. Una, podríamos denominarla la “cara amable” y la otra, “la cara perversa”. Aquí tan sólo se hizo hincapié en la primera, en la “cara amable”. Que si habíamos sido un país de emigrantes y que aún había dos millones de españoles en el extranjero; que si los inmigrantes venían a jubilarnos antes de tiempo; que si venían a hacer los trabajos más desagradables que los españoles se negaban a realizar; que si las sociedades multiculturales eran poco menos que una bendición y que, por tanto, las culturas que traían los inmigrantes nos enriquecerían, y un extenso etcétera. Por aquel entonces, finales de los 90, todo eran elogios y parabienes al “paraíso multicultural” en que se estaba convirtiendo España.
Por el contrario, la otra cara, “la perversa”, se ocultó cuidadosa y taimadamente más que por ignorancia por miedo a que el ciudadano español se opusiera airadamente a la masiva inmigración que se estaba cerniendo sobre nuestro país. Pero lo cierto es que el debate fue secuestrado por organizaciones de izquierda, ya fueran políticas –socialistas y comunistas–, ya fueran sindicales –UGT, CCOO, CGT–. De tal modo esas organizaciones monopolizaron el discurso sobre el hecho inmigratorio que incluso llamaron a ocultar a los inmigrantes ilegales en las sedes de partidos y sindicatos.  Esa izquierda se arrogó el prurito de expedir certificados de progresistas a quienes tan sólo vieron la cara amable de la inmigración, y, por el contrario, tacharon de nazis, fascistas y racistas a quienes alertaban contra una inmigración desordenada y en tromba.
Como el tiempo quita y da razones y pone a cada uno en su lugar, aquella inmigración desordenada y caótica se reveló como una amenaza y un peligro para el  tejido social de nuestro país y para la convivencia entre los ciudadanos. Pero, eso sí, aquella izquierda, que abogaba por puertas abiertas y papeles para todos, y calificaba de racistas y nazis y xenófobos a aquellos que exigían prudencia para manejar aquella avalancha inmigratoria, sigue ‘erre que erre’, no queriendo ver el fracaso de sus posturas y cuya equivocación sobre la masiva inmigración ha llevado a España a un peligroso callejón multicultural.
Es tal la peligrosidad del callejón al que la inmigración masiva nos ha conducido que las tropelías de los inmigrantes, sobre todo ilegales, se extienden como una mancha de aceite por toda nuestra geografía. Hoy día ningún autóctono se declara orgulloso de vivir en un barrio ‘muticultural’, incluso aquellos ‘progresistas a la violeta’ que clamaban por la entrada en masa de inmigrantes y de papeles para todos suelen evitar esos barrios-guetos en donde se hacina esa masa tercermundista que ellos ayudaron a entrar en España. Pero es muy llamativo que la prensa, en su mayoría, oculte las barrabasadas que cometen los inmigrantes en nuestro país. Ello da idea de que la mayor parte de la prensa está vendida, pagada y sometida a la casta política que nos gobierna y la otra.
Como ejemplo de tropelía sin consecuencias para quienes la cometieron, el “Diario del Maestrat”, de Castellón, trae a sus páginas, según se recoge en el digital AD, “el secuestro de un autobús con cinco rehenes a bordo por parte de manteros subsaharianos”. Para evitar que fueran multados por la Policía Local, los manteros se subieron por la fuerza a un autobús de línea que hace el trayecto Peñíscola, Benicarló y Vinarós. La Guardia Civil logró desalojar el vehículo, a todos menos a cinco personas. Los asaltantes exigieron al conductor que les llevase a Vinarós, donde, al parecer, residen. Al llegar a Vinarós, la situación se hizo más tensa, pues allí estaba esperando alrededor de un centenar de subsaharianos para dar apoyo a los secuestradores. Como la situación se iba haciendo cada vez más crítica, ante la actitud que iban adoptando los allí concentrados, la Guardia Civil optó por obrar de manera que causara el menor impacto posible a la ciudadanía. ¡¡Dejaron marchar sin ninguna sanción a los secuestradores!! y, así, liberaron a los cinco ciudadanos que habían sido secuestrados.
A todas luces, se comprende meridianamente claro que si los secuestradores hubieran sido españoles el final habría sido diferente. De ningún modo se hubieran ido de rositas como así lo hicieron los inmigrantes, a buen seguro, ilegales. Los ciudadanos autóctonos estamos atrapados por una enorme tela de araña tejida por la casta política, jueces, los promulgadores de leyes-mordaza, la prensa, ONGs, ciudadanos vendidos al extranjero y ‘odiadores’ de su país y de su estirpe y de ignorantes y tontos del culo, que no son capaces de darse cuenta de que son los tontos útiles de los que se vale el sistema, que son cooperadores necesarios para que el sistema funcione, son los chivatos de la casta política y de sus secuaces. Es más, hay ciudadanos traidores vendidos al sistema, que se dedican a dar la vara –como ‘gatos rabiosos y sarnosos’– para que la fiscalía ‘empitone’ al incauto e ingenuo ciudadano que cree que está en un sistema democrático en el que se puede hacer uso de la libertad de expresión y de opinión sin que le cueste un disgusto. En realidad, todo es una pura mentira y de lo que se trata es de impedir que se cree una corriente de opinión para que al ciudadano se le caiga la venda de los ojos y vea la realidad de la inmigración en nuestro país. Así, pues, se han promulgado leyes-mordaza para que cualquier crítica a la inmigración, sin ánimo racista, sea considerada un delito. En el caso que nos ocupa de los secuestradores africanos, se les podría haber aplicado el Artículo 164 del CP, en conexión con el 163.3 y el 163.2. Pero, qué ilusos, los únicos a los que se les aplica el Código Penal por delitos en conexión con la inmigración para amordazarnos es a los españoles. No sólo se vive del Artículo 510 del Código Penal.
Para algunos, callar es una alternativa a denunciar las tropelías de los inmigrantes. Pero, claro, callar no es una alternativa, es típico de súbditos, no de  ciudadanos de un país libre y democrático. Pero si de lo que se trata es de encerrar a quienes hacen una crítica de la “cara perversa” de la inmigración, entonces, podrá el amable lector ir a visitarme a la cárcel…