Cajamar (a través de la marca Cajas Rurales Unidas) y Caixabank son las entidades financieras a las que la Ciudad Autónoma de Ceuta debe más dinero. La deuda viva de la administración local se sitúa actualmente en casi 172 millones de euros de capital pendiente de reintegrar a sus prestamistas.
De esa cantidad total, 75,6 millones corresponden a tres operaciones a largo plazo concertadas con la resultante de la fusión de las cajas de distintas regiones de todo el país, mientras que 59,1 se deben a Caixabank por siete préstamos distintos.
En el primer caso se trata de operaciones con entre 9 y 10 anualidades pendientes, mientras que en el segundo una se liquidará en tres años y el resto hasta en 9.
La Ciudad solamente tiene que devolver algo más de 15 millones al BBVA, poco más de 650.000 euros al Banco Santander y algo más de 20,6 millones al Banco Sabadell, el tercer mayor socio financiero actual de la administración local.
A nivel nacional Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja son las entidades que concentran mayor volumen de deuda pública, más de 260.000 millones en créditos y deuda de las administraciones públicas a mediados de este año.
El Gobierno de Ceuta cerró el último ejercicio antes de la pandemia, 2019, con 187,2 millones de euros de deuda viva, cantidad que se había reducido a 168,5 al cierre del año pasado. Ahora volverá a acercarse a los 200.
El Presupuesto de la Ciudad para 2022 contempla el pago de 1,3 millones de euros en concepto de intereses por los préstamos a medio y largo plazo, así como el desembolso de 250.000 por servicios bancarios y de 60.000 por intereses de operaciones de tesorería y otros gastos financieros.
En 2022 está previsto amortizar 21 millones de deuda (hasta octubre se habían desembolsado de manera efectiva 9,2) y concertar créditos por 30,6 para “financiar inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros”.
La Consejería de Economía, Hacienda y Función Pública que dirige Kissy Chandiramani acaba de sacar a concurso esos contratos, que establecerán un plazo de devolución del dinero prestado de una década con un periodo de carencia de dos años.
La adjudicación de la operación (por el total de la cantidad deseada o por importes más pequeños) se hará a aquella entidad que presente la oferta más ventajosa para la administración, ya sea a tipo fijo o variable de interés, y sin “ningún gasto o comisión” excepto las admitidas y limitadas por el principio de prudencia financiera.
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