La Guardia Civil ha desarticulado una importante organización criminal que introducía hachís en España desde Marruecos y que suministraba grandes cantidades de droga a otros grupos criminales a los que también facilitaba la fabricación y almacenaje de narcolanchas. Una de las particularidades de la banda consiste en que contaban con los servicios de armadores para la construcción de las narcolanchas. Los cabecillas de la organización tenían sus bases de operaciones en las localidades de Málaga, La Línea de la Concepción (Cádiz) y Calpe (Alicante). En el marco de la Operación Desvanes-Dunas 20 se ha detenido a 64 personas y se ha investigado a otras 10 por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de drogas, falsedad documental, usurpación de estado civil, contrabando y tenencia ilícita de armas, ha informado la Guardia Civil en una nota. En los 38 registros realizados en la provincia de Málaga, Cádiz, Almería, Albacete, Alicante y Murcia se han intervenido 2.313 kilos de hachís, 118.000 euros en metálico y 22 embarcaciones de alta velocidad valoradas en seis millones de euros. Además, se localizó un molde para la fabricación de este tipo de embarcaciones, armas, vehículos pesados y ligeros, más de 37.000 litros de gasolina para el repostaje de las embarcaciones en alta mar, inhibidores de frecuencia y equipos de comunicación, entre otros efectos.
Los servicios que prestaban a otras redes de narcotraficantes comprendían desde la fabricación y almacenaje de las embarcaciones de alta velocidad, conocidas como narcolanchas, hasta el abastecimiento del combustible necesario para el alijo del hachís en las costas, la falsificación de la documentación para dar apariencia legal de los barcos, gestión de puertos para las botaduras, etcétera.
Web de compraventa para obtener copia de documentaciones
Los detenidos contactaban, a través de páginas web de compraventa, con vendedores de embarcaciones semirrígidas, haciéndose pasar por supuestos compradores y obtener así copias de las documentaciones. Posteriormente alteraban los documentos para hacer coincidir los datos con los de sus narcolanchas. Una vez que contaban con la documentación modificada, rotulaban las embarcaciones con las matrículas usurpadas y falseaban las potencias de los motores haciendo que fueran documentalmente legales, ya que sus embarcaciones superaban los 1.000 cv de potencia, por lo que son ilegales para uso particular. Este grupo construía las narcolanchas en naves industriales ubicadas en las localidades malagueñas de Monda, Coín y Antequera así como en Albacete, donde se halló un molde para su fabricación.
Luego las almacenaban en naves ubicadas en Crevillente (Alicante) y Antas (Almería) para transportarlas y botarlas al mar, generalmente fuera de Andalucía debido a la presión policial ejercida en la zona en los últimos años. El grupo había realizado al menos 23 botaduras, algunas de ellas en las localidades alicantinas de Calpe, Altea, Guardamar del Segura, o en los puertos de Carboneras (Almería) y La Azohía (Murcia), abortadas por la Guardia Civil.
Botadura fallida en Portugal: el camión acabó en el mar
También efectuó en el mes de octubre una botadura en Setúbal (Portugal) aunque de manera fallida ya que, debido a un percance, el camión y el semirremolque que transportaba la embarcación acabaron sumergidos en el mar y fueron abandonados allí antes de huir a España. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de las comandancias de la Guardia Civil de Málaga, Alicante y OCON-SUR, con el apoyo de las de Albacete, Murcia, Cádiz, de la Unidad Especial de Intervención (UEI), del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del Grupo de Reserva y Seguridad, así como del Centro Regional de Análisis e Inteligencia Contra el Narcotráfico (CRAIN).