El 20-M, ‘cadena humana’ por la Educación Especial de la Delegación al MEFP

La Plataforma por la Educación Especial de Ceuta constituida a finales del año pasado para exigir al Ministerio que ponga fin a la precariedad y escasez de medios con la que, a su juicio, dota la atención a la diversidad en los centros de Ceuta, ha convocado para el domingo 20 de marzo una ‘cadena humana’ que partirá desde la Delegación del Gobierno hasta la Dirección Provincial. Aunque se había programado inicialmente para el día 27, finalmente, se ha adelantado al día 20 de este mes para que no coincida con la Carrera de la Mujer.

Se trata de la próxima iniciativa de una cadena de movilizaciones que tendrá continuidad a principios de mayo con la convocatoria de un gran acto reivindicativo en el Auditorio de La Marina en el que se prevé conjuntar actividades para niños, actuaciones musicales, una paellada...

Las entidades aglutinadas por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA), entre las que se cuentan entidades representativas de las familias de estudiantes con distintas necesidades educativas especiales y sindicatos docentes, están preparando, presumiblemente para poner el broche al curso en el mes de junio, un desplazamiento a Madrid para concentrarse ante la sede de los Servicios Centrales del departamento que dirige Pilar Alegría, que hasta ahora ha respondido a sus reivindicaciones esgrimiendo los mínimos legales que considera cumplidos para negarse a poner más personal en los centros.

Según la administración, “todos los colegios” de la ciudad autónoma “están por encima del cupo legal” en dotación de maestros de PT, AL o apoyo y además existe un “cupo itinerante de 22 de casi todas las especialidades” que “cubren las primeras sustituciones y apoyan si no se producen bajas”. La ratio de estudiantes con necesidades especiales atendidos por cada especialista en PT o AL en los centros públicos de la ciudad ha pasado en cuatro cursos de 7,1 a 5,3 gracias tanto al incremento del número de los primeros (han pasado de 117 en el año escolar 2018-2019 a 146 en el actual) como a la reducción de la cifra de los primeros, que ha caído de 834 a 779.

Para las familias, sin embargo, “el alumnado no están atendido como se merece” y “no recibe el tratamiento individualizado que la ley exige durante las horas necesarias”. Los casos de trastornos más severos “no disponen de la atención continuada que sus necesidades demandan” y los estudiantes “no progresan en la medida que podrían hacerlo si se contaran con los recursos adecuados”.