Una mesa redonda bajo el título ‘Balance de la
crisis migratoria de Ceuta de 2021: dos años después’ moderada por el catedrático de la
Universidad de Alcalá Carlos Jiménez ha reunido a última hora de la mañana de este viernes en el campus a Inmaculada González, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz; al director del Centro de Excelencia Jean Monnet, Alejandro del Valle; y al secretario del Centro Universitario UNED Ceuta, Enrique Ávila. Los tres han calibrado las consecuencias de aquel suceso en clave política y geoestratégica entre dos países con una relación “desequilibrada” que convendría nivelar, la “impunidad” con la que se gestionan las devoluciones de migrantes
al país vecino desde las ciudades autónomas gracias a la figura del “rechazo en frontera” introducido en la legislación hace 8 años y la necesidad de un marco legal global capaz de ordenar las migraciones en el siglo XXI. Ese coloquio ha puesto fin
a las jornadas sobre el segundo aniversario de la “invasión pacífica”, según la ha tildado
el periodista Ignacio Cembrero, coorganizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz (UCA), la UNED de Ceuta y
Melilla, el Aula Universitaria del Estrecho y el Centro de Estudios Internacionales y Europeos del Área del
Estrecho.
Del Valle ha opinado que del episodio de mayo de 2021 España debe aprender que “fue un acto desleal de mala fe planificado por un Estado vecino con el objetivo de alternar la política exterior nacional”. “El ministro de Asuntos Exteriores marroquí señaló durante aquella avalancha de entre 12.000 y 15.000 personas que esto se debía a que
el Ramadán adormecía a la guardia fronteriza”, ha recordado el doctor en Derecho, que cree que fue “un acto manifiesto de injerencia en los asuntos españoles para hacer variar por una vía extrapeninsular nuestra postura sobre el Sahara Occidental”. A su juicio la reacción de la UE fue “muy favorable” con la puesta a disposición de Frontex y, sobre todo, la “extraordinariamente contundente” resolución de junio del Parlamento europeo, que consideró la acción de Marruecos una “violación manifiesta” de la Convención de Derechos del Niño, entre otras. “La respuesta española fue contenida, sin represalias, en un nivel político bajo y restringida al ámbito bilateral rechazando la intervención de Frontex”, ha hilvanado el experto, que ha ligado directamente aquella crisis con el cambio “improvisado y sin debate” de posición de Sánchez sobre el Sáhara de menos de un año después. Para el titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario europeo, España sentó un “mal precedente” al dejar pasar jurídicamente la consecución por parte de Marruecos de un objetivo “vital” a través de cauces de fuerza, con lo que se “desequilibra” todavía más una relación en la que España siempre está “a la expectativa”. “Necesitamos reequilibrarla apoyándonos en la UE”, ha advertido el investigador, que ha remarcado que si España no es consciente y asume su papel geoestratégico clave en el Estrecho de Gibraltar corre el riesgo de ser “víctima” de él.
González ha aceptado que
Rabat ha mejorado durante los últimos meses su colaboración en el control de la salida de inmigrantes irregulares hacia España, pero ha advertido que en relación la “nueva relación” entre ambos países no se ha traducido en una cooperación real en la aplicación de los acuerdos relativos a nacionales de terceros países o el retorno de menores migrantes solos. La especialista en Derecho Internacional Público ha enfatizado la “enorme impunidad” que ha creado en las
fronteras de Ceuta y Melilla el concepto de “rechazo en frontera” introducido en la legislación de 2015, aunque también ha considerado evidente que las autoridades vulneraron la normativa nacional e internacional vigente con la expulsión exprés de 55 menores del país vecino en agosto de 2021. “La política migratoria en las políticas europeas con Marruecos no deben tener un alcance exclusivamente bilateral porque ambas partes hemos asumido los Objetivos de la Agenda 2030, que exige “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”, ha indicado la profesora.
El sociólogo Enrique Ávila ha admitido que el ser humano tiene derecho a moverse en busca de un lugar donde vivir mejor, pero ha augurado complejo su encaje con la obligación de cada Estado de proteger su territorio. “A las personas que vienen a buscar una vida mejor como saben les encuentro una disculpa, pero en mayo de 2021 hubo un intermediario necesario, el Reino de Marruecos, con el que no estamos en guerra oficialmente quizá híbrida, pues hay acciones que buscan alcanzar objetivos facilitados por el otro”, ha contextualizado. A sus ojos lo que hay que hacer, especialmente a la vista del exponencial crecimiento demográfico que registra África, es acelerar la elaboración e implantación de una normativa capaz de ordenar de forma viable y efectiva los movimientos migratorios. González ha puntualizado que las ciudades autónomas no son desde antes de la pandemia los puntos de mayor presión migratoria de España y ha reprochado a las oficinas de diplomáticas nacionales que obvien las solicitudes de protección internacional que se intentan registrar en el exterior. “El tema es muy complejo, pero las leyes no van por un lado y la realidad por otro”, ha contestado al secretario de la UNED local.