Caballas y el PP se acusan de tratar el “árabe ceutí” con “prejuicios”

El Grupo Parlamentario Popular rechazó ayer con sus votos en el Pleno una propuesta de Caballas para "incluir en la oferta formativa del Instituto de Idiomas de la Ciudad desde el próximo año académico la enseñanza del árabe ceutí", cuyo uso "como vehículo de expresión habitual de una parte muy significativa de la población local" es, a juicio de la coalición, "un hecho irrefutable".

La consejera de Educación, Mabel Deu, justificó el no del PP en que "desde enero de 2015" el organismo autónomo ofrece cursos trimestrales de iniciación en dos niveles para hasta 15 alumnos por clase (el año pasado se cubrieron 45 de las 60 plazas ofertadas y en este ejercicio se cuenta con 6 estudiantes). Además, Deu subrayó que la Ciudad también ofrece a los empleados públicos la posibilidad de aprender dariya dentro del plan de formación oficial.
El debate de la iniciativa, expuesta por Juan Luis Aróstegui, dio pie sin embargo a un cruce reproches entre localistas y Populares sobre los "prejuicios" con los que cada formación se pronuncia sobre este tema a ojos de la otra. El de Caballas incidió en que si la Administración transformó "una empresa privada que desaparecía en un organismo autónomo" no fue para "dar clases a niños bien" sino para atender "demandas sociales" como la que, según su criterio, existe para aprender árabe ceutí, "como atestigua la asistencia a los cursos que multitud de entidades ofrecen y que reciben a abogados, profesores, miembros de las Fuerzas de Seguridad, funcionarios, personas sin más pretensiones....".
"Solo los prejuicios pueden cuestionar la prestación de ese servicio a quienes creen que el manejo de ese idioma puede mejorar su vida personal y sería bueno que el Pleno asumiese con naturalidad que es bueno cubrir las demandas y rellenar los vacíos que hemos ido dejando", apuntó Aróstegui.
Deu acusó a Caballas de "mentir" en el argumentario de su propuesta, lastrada por "falta de información" o, precisamente, de "prejuicios", y la réplica del localista fue agria: "Ustedes", afeó al PP, "votan que sí a todo aunque afirmen que ya lo están haciendo pero a esto que no porque tienen un prejuicio que le va a pasar una factura muy cara a esta ciudad".
"No están a la altura de su responsabilidad porque además de la política sencilla de arreglar una marquesina o una acera, cosas obligatorias, necesarias e importantes, hay un problema político de fondo que todos tenemos la obligación de asumir", clamó antes de criticar que el PP se deje "orientar" en el Gobierno por su electorado más "recalcitrante".

"No rotundo" a la apuesta por la "laicidad" del PSOE
El PP rechazó ayer con un "no rotundo" una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que pretendía, entre otras cosas, que el Ejecutivo local diese pasos para ir sustituyendo festivos religiosos por otros de naturaleza civil en el calendario oficial, para retirar las exenciones fiscales a "las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica" y para "crear un Observatorio Municipal de Laicidad". Susana Román fue la encargada de reprochar a los socialistas su disposición a "crear problemas donde no los hay" planteando cuestiones que "no están entre las principales preocupaciones de la ciudadanía" y que parecen inspiradas por ínfulas de "modernidad".

OBIMASA actuará "de inmediato" en el talud de Martínez Catena
El consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, avanzó ayer que su departamento impulsará, a través de OBIMASA, una actuación sobre la masa arbórea más cercana al CEIP Maestro José Acosta, en el talud de Martínez Catena, para "evitar un riesgo inmediato en caso de incendio". "Si fuese precisa una actuación de mayor calado elaboraríamos un proyecto con la correspondiente licitación y consignación presupuestaria", aseguró en su respuesta a la diputada socialista Nuria Miaja, que reclamó "la creación de un margen de seguridad, a modo de cortafuegos".

La Asamblea revisará el Reglamento vigente de adjudicación de viviendas
El Pleno de la Asamblea acordó ayer por unanimidad abrir un proceso de "revisión" del Reglamento regulador de las adjudicaciones en materia vivienda, que data de 2006, con el propósito, según reclamó Caballas, de "hacer compatible, en materia de ayudas y bonificaciones, el rigor con la flexibilidad para permitir, sobre todo en tiempos de crisis, que estos instrumentos de política social puedan cumplir con eficacia su finalidad: hacer asequible la vivienda a las familias de economías más modestas".