El líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali, sigue firme su negativa a apoyar la modificación del contrato que regula el servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos, adjudicado hace año y medio a Trace, para incrementar hasta en un 10% su presupuesto.
Los argumentos que ayer escuchó directamente del Ejecutivo de Juan Vivas sobre sus planes al respecto no le han convencido.
“El Gobierno no puede pretender que Caballas apoye destinar más dinero público a un servicio sin aclarar y depurar responsabilidades antes sobre qué es lo que ha pasado y por qué tenemos la ciudad más sucia que nunca”, apuntó el localista en declaraciones a este periódico.
Desde el punto de vista de Ali lo que debe hacer Juan Vivas y su equipo es “explicar a la ciudadanía si el Pliego del nuevo contrato se hizo mal, en cuyo caso alguien debe asumir responsabilidades por ello, o si la empresa lo está incumpliendo, hipótesis que debe llevarnos a tomar cuantas medidas estén al alcance de la Administración para conseguirlo, no a premiarla con más dinero por un trabajo deficiente que cuesta mucho dinero a cada ceutí y que además repercute negativamente sobre el bienestar y la calidad de vida de los vecinos de toda la ciudad”.
A la coalición no le ha persuadido ni el supuesto en base al que el PSOE ha asegurado que respaldará el modificado, la posible contratación de más personal. “Hasta la fecha nadie ha puesto sobre la mesa no ya una cifra sino ni siquiera un indicio de que el número de trabajadores vaya a aumentar si el Gobierno consuma su intención de darle más dinero a la adjudicataria sobre una teórica ampliación de servicios que tampoco se detallada por ningún lado”, advirtió el líder de Caballas.
Según Ali “el Ejecutivo del PP podrá hacer lo de siempre, fingir que escucha a todo el mundo, reunirse con oposición y vecinos para aparentar voluntad de consenso y después aprobar el modificado para poner más dinero de todos los ceutíes pero ha de saber que, si antes no asume responsabilidades y da las explicaciones oportunas”, avanzó, “Caballas utilizará todos los medios a nuestra disposición para defender el interés general”.
La Ciudad Autónoma adjudicó en enero de 2013 a Trace, la UTE formada por Africana de Contratas y Construcciones (ACC) y Lirola Ingeniería y Obras, el servicio por un importe de 150,5 millones de euros durante diez años. La concesión había salido a concurso por un presupuesto base de licitación sensiblemente superior que se elevaba a 167,29 millones de euros.
Razones para un modificado legal
La Ley de Contratos del Sector Público contempla como razones para aceptar un modificado legal, entre otras, la “inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas”. También la “conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente” o la “necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato”. La variación “no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables” para responder a la causa.
