La coalición Caballas volverá a plantear a la Corporación en la Sesión Plenaria ordinaria del mes de diciembre, que se celebrará mañana, la necesidad de incentivar la participación ciudadana directa en los asuntos más relevantes de la Administración local previa “democratización”, eso sí, de las estructuras de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) que preside José Ramos, un órgano que “en vez de un consejo de participación se ha convertido en un lobby de presión cercano al PP”, según lamentaron ayer fuentes localistas en declaraciones a este periódico.
Caballas es partidaria de “fortalecer” y de “agilizar” los cauces de participación ciudadana dando cabida a sus “legítimos” representantes en los Consejos de Administración de los Organismos Autónomos y en los procesos de elaboración de los Presupuestos y los principales textos normativos de la Administración local.
Tal aspiración parece, sin embargo, a ojos de los localistas, lejana con un entramado de 64 asociaciones vecinales como el actual. Para simplificarlo, la coalición aboga por consensuar la división de la ciudad “en una decena de distritos, por ejemplo”, y de “regularizar su funcionamiento democrático de tal forma que si las entidades vecinales quieren recibir subvenciones municipales y seguir legitimadas como interlocutores de la Administración se sometan a procesos regulares de elección y renovación de responsables con la participación de cuantos residentes quieran hacerlo en las áreas que se determinen”.
Una vez dado ese paso, los elegidos por sus convecinos deberían tener participación activa “sobre los asuntos públicos de mayor relevancia”. Según ha recordado el primer grupo de la oposición en la Asamblea, actualmente la única Asociación de Vecinos que “periódicamente” remoza su Junta Directiva es la del Príncipe Alfonso.
La coalición considera que una entidad como la FPAV “no puede estar alegando, como ha sucedido, que es una organización privada y que, por lo tanto, acepta o no a nuevas asociaciones a su libre albedrío, mientras recibe ayudas públicas y está legitimada por el Gobierno local como interlocutor válido.
Los Presupuestos de la Ciudad para 2014 prevén transferir al movimiento vecinal 150.000 euros al margen del convenio que por 3,2 millones sostiene las Brigadas Verdes.
