El portavoz del grupo, Mohamed Alí, justifica la propuesta en el aumento de este empleo clandestino, que “está alcanzando cotas insoportables”, dice. “Este fenómeno, que en un principio se concentraba en el empleo doméstico y parcialmente en el sector de la construcción, afecta en estos momentos a todos los sectores de la actividad productiva, perturbando en exceso el mercado laboral”, añade.
En aras a frenar lo que se considera una lacra, la coalición persigue dar luz verde a esta implicación de todas las partes para que sea la institución municipal la que, junto con Delegación, persiga estas contrataciones. “En una coyuntura marcada por la fuerte crisis económica, con un incremento incesante del paro (dos mil personas más en el último año) y una drástica reducción de la actividad económica, el empleo clandestino adquiere, si cabe, una mayor gravedad”, sentencia.
Alí justifica esta propuesta en el hecho de que, a juicio del principal partido en la oposición, la administración pública “no ha sido capaz de controlar estas prácticas ilegales que están contribuyendo, de manera decisiva, a incrementar el paro y desmoralizar a la ciudadanía. Los miles de parados ceutíes no pueden entender por qué el escaso empleo que se crea en la Ciudad les está vedado por el hecho de que se puedan incumplir las normas laborales con absoluta impunidad, a la vista de todo el mundo, y ante la pasividad de las autoridades”, dice. “Este problema requiere una actuación inmediata y contundente de las administraciones públicas que, utilizando todos los medios a su alcance, puedan reprimir las prácticas ilegales que impiden que los ceutíes tengan acceso a los puestos de trabajo que se crean”.
Dos millones en sanciones, en lo que va de año
La medida propuesta por Caballas quiere sacar adelante un plan para que las administraciones se impliquen más contra el empleo clandestino. No obstante, en lo que va de año, la Inspección de Trabajo ha tramitado cuantiosas sanciones por irregularidades, lo que se ha traducido en la imposición de multas cifradas en dos millones de euros. Es el resultado de las 1.700 actuaciones llevadas a cabo en el primer semestre de 2012. Dentro de ese grueso de 300 infracciones sancionadas con más de dos millones de euros, poco más de 150 tienen que ver con el área de Extranjería, que se han materializado en sanciones globales de 1.654.581 euros. En materia de Seguridad Social, se han registrado 147 infracciones, que, traducido en dinero, alcanzan los 441.990 euros.
