Caballas pidió un cambio radical en la gestión de los fondos públicos

La coalición Caballas exigió ayer al equipo de gobierno un cambio radical a la hora de gestionar los fondos públicos. Así se pronunció el portavoz en temas económicos de esta coalición, Juan Luis Aróstegui, al recoger que, desde luego, en su coalición no iban a encontrarles desde el ejecutivo para justificar lo que denominó un “pasado oscuro”, pero que pondrán todo su empeño que poder actuar con el margen presupuestaria que quedará en los próximos años.
Dijo que durante los próximos diez años se dedicarán doce millones de euros anuales para pagar este crédito de ochenta millones de euros y que la carga financiera se situará casi en el 23,5 por ciento.

Nóminas
A partir de esta cifra estableció que si cada año ciento doce millones de euros son para pagar las nóminas y cuarenta y ocho para el pago de todos los créditos que existen, eso suma ciento sesenta millones de euros, con lo cual a la Ciudad Autónoma nada más que se le deja un margen de cuarenta y siete millones de euros para maniobra, “con lo que no habrá dinero para nada. Es un Ayuntamiento hipotecado e incapaz de hacer frente a las distintas políticas”.
Desde el punto de vista de Caballas, la deuda se ha generado por artificios contables para gastar más de lo que se debía y “se ha contraído por hacer obras sin seguir los procedimientos que marca la legislación de manera muy clara y taxativa a todos los respectos. Aquí se han obviado en la mayor parte de las ocasiones”.
Dijo el mismo Juan Luis Aróstegui que cuando se constituyó la actual Corporación solicitaron información del estado de las cuentas y se dijo que no superaban los treinta millones de euros, con lo que se “demuestra que se estaba mintiendo, porque aquí se ha hecho una gestión irresponsable, porque todo se ha dirigido a la captación de los votos”.
Al revisar los expedientes que conforman el plan de proveedores dijo el portavoz de Caballas que se veían gastos que podían definirse como espeluznantes, “porque por poner un ejemplo, aquí nunca se ha penalizado a las empresas de construcción por los retrasos que se han podido contraer”.
Dijo que cuando se abre el período de reclamaciones se presentan facturas por valor de treinta millones de euros y desde su punto de vista la operación al final debía haber sido de ciento veinte millones de euros, “pero claro, decirles ustedes al Ministerio que se habían equivocado en un cincuenta por ciento en el total, hubiera supuesto que les dijeran que si no sabían lo que debían. De ahí que no las hayan admitido por lo que han salido perjudicadas las pequeñas y medianas empresas ceutíes y beneficiadas las grandes empresas”.