La obra de las 225 viviendas de Loma Colmenar termina siendo 1,5 millones más cara.
Caballas lo tiene claro. Alguien tiene que responsabilizarse porque la obra de las 225 viviendas de Loma Colmenar haya terminado siendo algo más cara. Ese algo tiene una cifra: 1,5 millones de más. Según denunció ayer la coalición, las obras debían tener un presupuesto final de 14 millones, pero terminarán “costándonos un millón y medio más por una negligente gestión del Gobierno”.
Los localistas denuncian que en las certificaciones finales de estas obras aparecían nuevas unidades de obras que no estaban en el proyecto inicial pero que, sin embargo, los técnicos municipales sí firmaron, lo cual ha sido decisivo para que la Ciudad haya sido condenada a pagar este sobrecoste.
“Además de la inutilidad e incompetencia de este Gobierno, debemos denunciar la opacidad evidente del mismo, que no es capaz de ofrecer ni una sola explicación convincente y se inhibe de toda responsabilidad”, aclara la formación.
Preguntado a este respecto, el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, reconoció a los periodistas no tener conocimiento del asunto, hasta el punto de “felicitar efusivamente” a Caballas por tener conocimiento del contenido de una sentencia antes que el propio Ejecutivo. “Si es recurrible, la recurriremos”, añadió.
Desde Caballas no se quedan tranquilos con la mera denuncia porque es de tal gravedad que les ha llevado a exigir al Gobierno una “urgente depuración de responsabilidades y el cese de los responsables políticos inmediatos. Es inadmisible que se juegue así con el dinero de todos los ceutíes”, resaltó.
No parece que esa petición se vaya a cumplir porque ayer mismo el propio Hachuel consideraba que solicitar este extremo superaba cualquier propuesta razonable.
Caballas ha resaltado además que se produjo un informe técnico por parte de Emvicesa en el que se venía a informar negativamente sobre el pago de esas nuevas unidades de obra, pero a pesar de ello hubo técnicos que las firmaron, por lo que la Ciudad dejó por escrito que avalaba ese gasto de más.
En dicho informe, remitido ayer a los medios de comunicación por la coalición, se hace constar la existencia de una certificación final relativa a las cubiertas en la que se presentaban “precios contradictorios que no están aprobados”. Se añade además que “de acuerdo con el contenido del informe, agotado el importe del contrato y todos los plazos previstos en el mismo, el técnico que suscribe” considera que “no procede la certificación final presentada”. 
