“Ahora es el momento de que el Pleno haga una reflexión política serena, y sobre todo rigurosa, sobre cuál es la mejor forma de gestionar este servicio atendiendo a los intereses generales”.
Quien habla es Caballas, que no ha perdido la oportunidad de avisar que en el próximo Pleno quiere debatir la necesidad de
municipalizar el servicio de transporte de autobús, aprovechando la finalización del contrato del Gobierno con la actual empresa.
“De manera inexplicable, la Ciudad ha venido prestando un servicio público, de los considerados esenciales, sin que exista un título que regule las condiciones que la empresa concesionaria debería cumplir. Desde una extraña concesión administrativa en tiempos del protectorado, hasta la actualidad, el Pleno de la Asamblea no ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y su participación se ha limitado a ser un mero espectador de una serie de interpretaciones legales que han terminado conduciendo a este esperpento”, detallan los localistas.
Caballas denuncia que durante estas últimas décadas la organización del servicio se ha centrado en el “beneficio empresarial” y no en el objetivo prioritario de disponer de “un servicio de calidad, moderno y capaz de conectar de manera adecuada todo el territorio a precios asequibles”. La empresa ha establecido líneas, horarios y frecuencias “a su antojo” en función “de la rentabilidad económica de cada uno de los servicios”, exponen.
Caballas denuncia que la flota es “obsoleta, antigua y desvencijada” mientras que mantiene “unas instalaciones impropias de un servicio municipal, zonas de la ciudad a las que no llega nunca el autobús; otras en las que la frecuencia es desesperante; rutas kafkianas, servicios reiteradamente demandados e incumplidos (nueva prisión, autobuses nocturnos, conexión interbarriadas, universidad, etc).”, denuncian.
Las ventajas de una municipalización, defiende Caballas, pasan por lograr una calidad del servicio ya que los beneficios se invertirán en mejorar el servicio o abaratar el precio, y además la institución dispone de los resortes para controlar que el servicio funcione bien, sin tener que andar detrás de la empresa contratista que luego hace caso o no. A esto suman el ahorro presupuestario y la participación en la gestión. Caballas pedirá en el Pleno el inicio de un expediente para constituir una comisión de estudio prevista en la ley.