Considera que puede haber una prevaricación administrativa por la forma de selección de sesenta personas
Ya lo advirtió en el pleno del pasado viernes. Y ayer Caballas materializó en forma de denuncia ese anuncio, presentándola ante el juzgado de guardia aludiendo, de momento, a la primera encomienda de gestión del Gobierno a Tragsa. Dice que, de no haber respuestas, irá haciendo lo mismo con las demás.
En este caso concreto buscan una explicación en el juzgado de la contratación del personal que tanta polémica generó con el SEPE al no existir convocatoria pública como exige la ley, por lo que considera que podría haberse incurrido en una prevaricación administrativa.
“El Gobierno no quiere entender que es importante aclarar todo lo relacionado con el empleo, estamos ante una manifiesta vulneración de la ley porque se conculca los principios de libre acceso al empleo público”, explicó Mohamed Alí a las puertas del Palacio de Justicia.
En la denuncia presentada, Caballas alude a que “el indubitado carácter público estatal de esta empresa obliga a Tragsa al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público en materia de recursos humanos, y en concreto a lo establecido en el artículo 55 sobre la contratación de personal”. Es por ello que todos los ciudadanos deben tener derecho al acceso a ese empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
Esto último conlleva la necesaria publicidad de las convocatorias y bases así como la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Pues bien, Caballas entiende, y así quiere que la justicia lo aclare, que la empresa Tragsa ha contratado a sesenta personas sin que haya existido convocatoria pública y sin proceso de selección conocido.
Después de esta denuncia vendrán otras. Lamenta Caballas que es el propio Gobierno el que no ha querido solucionar este asunto en los foros políticos como fue el pleno, lo que les ha llevado a acudir al juzgado. Así que encomienda que vulnera la ley, encomienda que llevarán a los tribunales.
“Tenemos que denunciar la actitud del gobierno, el PP no ha querido arreglar esto en la Asamblea, ante su inoperancia ha puesto en manos de Tragsa el gobierno de la ley. Nos parece imprescindible que la justicia se pronuncie en una ciudad azotada por la crisis y el paro”, añadió en declaraciones a los periodistas.
En esta denuncia no se ha incluido la posible usurpación de funciones a Trace ya que los sindicatos en bloque ya lo habían denunciado y se está todavía a la espera de una respuesta oficial. “El comité de empresa de Trace ha denunciado que Tragsa está haciendo trabajos que hacen ellos y no se puede pagar doble por este servicio. Hay un escrito formal presentado ante el presidente para pedir explicaciones. Hay un problema, si se apela a un instrumento público, propio, hay que respetar la ley y los requisitos legalmente establecidos”, expuso Alí.
Caballas advierte de que si se siguen incumpliendo los preceptos legales repetirá el mismo procedimiento. En la sesión extraordinaria celebrada el pasado viernes única y exclusivamente para aclarar este asunto no se llegó a una claridad puesto que los dos partidos que la habían pedido, PSOE y Caballas, abandonaron la sesión plenaria con las mismas sensaciones a como la iniciaron.
En el caso de esta denuncia ante los tribunales, los localistas se han quedado solos ya que el PSOE, a pesar de unirse a la crítica, no ha dado el paso de presentar denuncia en el juzgado.
Ahora será el titular del órgano competente el que considere los pasos que se deben dar y si el Gobierno tiene que dar alguna explicación extra a lo que ya se conoce públicamente.