Caballas considera que un proyecto que supone una inversión superior a 70 millones de euros, y más de cien empleos directos, en una ciudad con 13.000 parados, no se puede “despachar” con un argumentos técnico o legal muy superficial. Para la coalición, lo que tiene que hacer el Gobierno es explicar las razones que lo están llevando a oponerse radicalmente a la puesta en marcha de dicha planta. Así también la formación considera que resulta necesario que se aclaren suficientemente las veladas acusaciones de tráfico de influencias en la Autoridad Portuaria que ha formulado la empresa adjudicataria de la empresa.
La interpelación será presentada en el próximo pleno ordinario que se ha señalado para el 24 de septiembre.
